Roberto Mariani, CEO de Pampa Energía, reconoció que la propuesta de pago del Gobierno implica un perjuicio para la empresa, pero se mostró confiado en consensuar una solución alternativa
Pampa Energía, la principal productora de electricidad del país y cuyo propietario es Marcelo Mindlin, ha comunicado a sus inversores que está considerando tomar "medidas legales" en respuesta a la decisión oficial de diferir, mediante bonos en dólares con vencimiento en 2028 y a valor nominal, las deudas que Cammesa tiene pendientes con las generadoras correspondientes a diciembre y enero.
La empresa, que es la principal generadora de electricidad del país, comunicó esta decisión al mercado al presentar los resultados financieros de su actividad durante el primer trimestre del año. De todos modos, el CEO de la empresa, Gustavo Mariani, se mostró confiado en la posibilidad de negociar con el Gobierno alguna solución alternativa a la propuesta inicialmente.
En realidad, las empresas que cotizan en los mercados de valores y están sujetas a una estricta regulación tienen la obligación de considerar y comunicar a los inversores todas las opciones disponibles. De hecho, en una conferencia con los accionistas de la empresa, Mariani intentó suavizar el contenido del documento público. “Somos optimistas de encontrar una solución a la deuda con Cammesa. Con pequeñas mejoras a la propuesta actual, y teniendo en cuenta las restricciones a las que se enfrenta el Secretario de Energía y el Tesoro, creemos que podemos lograrlo”, afirmó.
Esto representa un nuevo rechazo formal a la decisión del Ministerio de Economía de ofrecer un bono del Tesoro en dólares (AE38) para saldar la enorme deuda que Cammesa, la empresa mixta de control estatal que administra el mercado eléctrico mayorista, tiene con las generadoras. Se trata de alrededor de 600.000 millones de pesos de una deuda que el Estado acumuló con empresas como Pampa Energía, AES, MSU y otras del sector, correspondiente a diciembre de 2023 y enero de 2024.
Durante esos meses, las generadoras suministraron la energía acordada, pero el Estado no realizó los pagos correspondientes. Esta dinámica de aplazar o postergar pagos, que replicó prácticas de la administración anterior, permitió al Gobierno alcanzar el superávit fiscal en los primeros meses del año.
La intención del Gobierno, oficializada en la resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, es ofrecer ese bono emitido en dólares con vencimiento en 2028 para cancelar esa deuda acumulada, y cubrir los pagos de febrero con fondos regulares. Las empresas rechazan esta decisión, y argumentan que la entrega de estos bonos, establecida a valor de mercado, implicaría asumir una quita sobre los montos adeudados, que afectaría su negocio.
Este es el punto sobre el que Pampa Energía informó a sus inversores, donde notifica que si se concreta la propuesta oficial, resultaría en una pérdida de US$34 millones sobre esa deuda.
“La Compañía ha tomado conocimiento de que la Secretaría de Energía instruiría a Cammesa a realizar un cambio excepcional en el pago de las transacciones correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024, cancelando la deuda pendiente con bonos soberanos al valor nominal. En vista de esto y considerando el valor razonable de mercado de dicho instrumento de deuda, Pampa ha registrado una pérdida por deterioro de US$34 millones sobre los créditos por ventas a Cammesa”, dice la nota.
Según datos de Cammesa, Pampa Energía es la principal empresa generadora de energía eléctrica del país. En 2023, la empresa suministró al sistema un 15% más de energía y representó un 14,8% de la energía generada en el país, con sus nueve centrales termoeléctricas, sus tres hidroeléctricas y sus cuatro parques eólicos.
A fines de abril, Pampa Energía señaló que la decisión del Gobierno de aplazar los pagos y frenar los giros de fondos a Cammesa para alcanzar el superávit fiscal había generado una deuda de $131.191 millones. Fue en una notificación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde advirtió que la firma mayorista adeudaba $38.908 millones por diciembre, $43.966 millones por enero y $50.318 millones por febrero.
El rechazo a la medida oficial de cancelar esa millonaria deuda acumulada con un bono del Tesoro en dólares también se plasmó en una carta que Ageera, la cámara que agrupa a las empresas generadoras del país, envió a la Secretaría de Energía. Allí, califica la propuesta oficial como “especialmente inaceptable”, debido a la pérdida implícita que implica la operación financiera planteada.
“El hecho de condicionar el pago de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable”, dice el documento.
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