Siguió la baja del empleo público en julio en Argentina y ya son más de 53.000 los puestos eliminados

La reducción del empleo público continuó en julio y alcanzó los 53.345 puestos de trabajo eliminados durante los primeros 20 meses de la gestión del presidente Javier Milei, lo que representó una caída del 10,6% del personal estatal y generó un ahorro anual de 2.106 millones de dólares, según consigna el informe mensual del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado correspondiente al séptimo mes del año.

Los datos oficiales, elaborados por la Unidad de Evaluación de Impacto en base al Sistema de Recursos Humanos (SIRHU), confirmaron que el proceso de achicamiento del Estado que comenzó en diciembre de 2023 se mantuvo constante mes a mes durante 2024 y los primeros siete meses de 2025, sin mostrar signos de desaceleración.

El recorte más significativo se concentró en dos sectores específicos del aparato estatal: la Administración Pública Nacional (APN), que redujo su personal en un 15,1%, y las empresas estatales, donde la disminución alcanzó el 18,5% en el período comprendido entre diciembre de 2023 y julio de 2025.

La magnitud de estos números cobra mayor dimensión al considerar que el sector público argentino empleaba tradicionalmente a cientos de miles de trabajadores, y que una reducción de más de 53 mil puestos representa uno de los ajustes más profundos implementados en las últimas décadas en la administración estatal.

Contratos precarios, los más afectados

El análisis por tipo de vinculación laboral en el sector de la APN evidenció que los ajustes impactaron de manera claramente desigual según la modalidad contractual. Mientras que el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 9,4%, las reducciones fueron considerablemente más pronunciadas en el personal con contratos de menor estabilidad.

Los empleados contratados bajo la Ley Marco (Ley 25.164) experimentaron un descenso del 22,1%, pero la mayor caída se registró en el personal con contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17), que sufrió una reducción del 52,4%, lo que significa que más de la mitad de estos trabajadores fueron desvinculados.

Esta distribución del ajuste reflejó la estrategia gubernamental de priorizar la desvinculación de personal con menor estabilidad laboral, manteniendo en mayor medida la planta permanente del Estado. La decisión de concentrar los recortes en los contratos más precarios también respondió a consideraciones legales, ya que la desvinculación del personal de planta permanente requiere procesos administrativos más complejos y costosos.

El impacto diferenciado por tipo de contrato también se explica por la naturaleza temporal de muchas de estas vinculaciones, especialmente los contratos LOYS, que fueron utilizados masivamente durante gestiones anteriores para incorporar personal de manera más flexible, sin los requisitos de concurso público que exige el Estatuto del Empleado Público.

El ahorro fiscal en dólares discriminado por modalidad

La reducción de personal generó un ahorro anual directo de 1.053 millones de dólares en sueldos, pero el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado estimó que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos asociados en infraestructura laboral como espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros varios y servicios de soporte. Con estos factores adicionales incluidos en el cálculo, el ahorro anual total alcanzó los 2.106 millones de dólares.

El desglose por tipo de contrato mostró diferencias significativas en el impacto fiscal de cada modalidad. La reducción de personal bajo la Ley Marco generó el mayor ahorro en términos absolutos: 256 millones de dólares anuales en sueldos, cifra que se elevó a 512 millones de dólares al incluir los costos de infraestructura laboral asociados.

En el caso del personal permanente y transitorio, el ahorro anual en sueldos fue de 297 millones de dólares, con un total de 594 millones al considerar los gastos adicionales. Los contratos LOYS, pese a registrar el mayor porcentaje de reducción proporcional, generaron el menor ahorro en términos monetarios absolutos: 64 millones de dólares anuales en sueldos, que llegaron a 128 millones con los costos totales computados.

Estos números reflejan las diferencias salariales entre las distintas modalidades contractuales, donde el personal de planta permanente percibe remuneraciones superiores a los contratados temporales, y estos últimos, a su vez, cobran más que los monotributistas del sistema LOYS.

Metodología “conservadora”

Para estos cálculos, el organismo utilizó el salario promedio ponderado de julio de 2025 según el tipo de contratación, basándose en datos del Informe Trimestral de Ocupación y Salarios de la APN. El proceso metodológico incluyó la determinación del salario promedio para cada categoría de empleo, considerando la participación de los empleados en cada rango salarial, y posteriormente se calculó el salario anual de cada categoría.

Los montos se convirtieron a dólares de agosto de 2024 y se multiplicaron por la cantidad de personas desvinculadas hasta julio de 2025. En el caso de las empresas del Estado y el personal militar y de seguridad, se utilizó como referencia el salario promedio de la APN para estimar los ahorros correspondientes, debido a la falta de datos específicos desagregados para esos sectores.

El informe oficial aclaró que la estimación debe considerarse "conservadora", ya que el consenso sobre la duplicación del costo laboral proviene principalmente de estudios del sector privado, donde los salarios suelen ser significativamente más altos que en el sector público. "Dado que en la administración pública los sueldos son menores, es posible que la proporción entre costos adicionales y salario sea aún mayor, lo que implicaría un ahorro real superior al estimado", señaló el documento técnico.

La metodología empleada calculó exclusivamente el ahorro anual asociado a la reducción de personal, sin proyectar el ahorro "a perpetuidad", una aclaración que el organismo consideró "importante para interpretar correctamente los resultados" y evitar sobreestimaciones de largo plazo.

El Ministerio concluyó que esta reducción sostenida "refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública", y adelantó que "la estrategia se profundizará con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial".