Con Italia fuera del bloque de países de la Unión Europea reticentes y concesiones clave al sector agrícola europeo, la Comisión Europea quedó en condiciones de avanzar hacia la firma política del tratado.
Este viernes se perfila como una jornada decisiva para el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Luego de más de dos décadas de negociaciones intermitentes, el tratado comercial birregional atraviesa su momento más cercano a la aprobación política definitiva. La principal novedad es que Italia, uno de los países que había manifestado reparos en las últimas semanas, dejó de bloquear el proceso, despejando el camino para que el texto avance en el Consejo Europeo.
Con ese obstáculo despejado, la Comisión Europea quedó en condiciones de activar la instancia final del proceso político. El plan es que la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, viaje a Asunción para la firma formal del acuerdo en el marco de una nueva cumbre del Mercosur, luego de que no pudiera concretarse en diciembre durante el encuentro de jefes de Estado en Foz de Iguaçú.
El giro de Italia fue el resultado de una negociación política intensa con la representante de la Comisión Europea, quien se juega su capital político con la aprobación del acuerdo. En los últimos días, Bruselas acercó a Roma un paquete de medidas económicas orientadas a reducir el impacto del acuerdo sobre el sector agrícola, uno de los puntos más sensibles del debate interno europeo. Las concesiones incluyeron compromisos para adelantar fondos comunitarios y reforzar los mecanismos de asistencia a productores, en el marco del próximo presupuesto europeo.
Además, la Comisión aceptó fortalecer las cláusulas de salvaguarda agrícola ya incorporadas al texto consensuado en diciembre de 2024. Estos mecanismos permitirán a los Estados miembros activar defensas comerciales si el ingreso de productos del Mercosur genera distorsiones graves en los mercados locales. La combinación de incentivos fiscales y herramientas de protección sectorial fue clave para que Italia dejara de objetar el acuerdo en la recta final. Sin dudas, una gran victoria para Giorgia Meloni, presidente del Consejo de Ministros italiana.
Pese al avance, el acuerdo no cuenta con consenso pleno dentro de la Unión Europea. Francia confirmó que mantendrá su voto negativo, al considerar que las concesiones otorgadas no son suficientes para proteger a su sector agropecuario. El gobierno de Emmanuel Macron sigue sosteniendo que el tratado expone a los productores europeos a una competencia desigual y pone en riesgo estándares ambientales y sanitarios.
A esa posición se suman Irlanda, Polonia y Hungría, que también expresaron objeciones, principalmente vinculadas al impacto sobre la ganadería y la agricultura. Irlanda alertó sobre los efectos en su industria cárnica, mientras que los gobiernos de Europa del Este cuestionan la capacidad de controlar el cumplimiento de normas ambientales por parte de los países del Mercosur. Sin embargo, con Italia fuera del bloque opositor, estos países no lograrían conformar una minoría de bloqueo que impida la aprobación.
En paralelo al debate institucional, la posible aprobación del acuerdo reactivó la protesta de organizaciones rurales en distintos puntos de Europa. En Francia, agricultores volvieron a movilizarse con tractores y cortes de rutas en las inmediaciones de París, en rechazo a lo que consideran una amenaza directa a la producción local. Escenas similares se registraron en Grecia y otras regiones con fuerte peso del sector primario.
Las manifestaciones reflejan el costo político que enfrenta la Comisión Europea en la recta final del proceso. Si bien el acuerdo avanza por decisión de los gobiernos, el malestar social en el mundo rural sigue siendo uno de los principales factores de tensión y explica, en parte, las concesiones adicionales que Bruselas se vio obligada a ofrecer para asegurar los votos necesarios.
Para que el acuerdo avance formalmente, el Consejo Europeo debe alcanzar una mayoría calificada: al menos 15 de los 27 Estados miembros, que representen como mínimo el 65% de la población total de la Unión. Las señales que llegan desde Bruselas indican que ese umbral estaría al alcance, aun con el voto negativo de Francia y algunos socios menores.
De concretarse ese aval, la firma política del tratado marcará el cierre de una negociación iniciada en el año 2000. Luego comenzará una etapa más larga y compleja: la ratificación parlamentaria en los países europeos y en los Estados del Mercosur. No obstante, el visto bueno del Consejo habilitaría la aplicación provisional de buena parte del acuerdo, permitiendo que los efectos comerciales comiencen a desplegarse antes de su entrada en vigor definitiva.
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