Amplían el alcance del Impuesto PAIS
El objetivo de la nueva regulación cambiaria es “continuar profundizando los incentivos a la inversión nacional que estimulen la producción”
El gobierno de Javier Milei extendió la aplicación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), según el decreto 385/2024 publicado recientemente en el Boletín Oficial. Ahora, este impuesto se aplicará tanto a la compra de divisas para giros de utilidades y dividendos como a aquellos que suscriban los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).
El BCRA ha autorizado recientemente el pago de dividendos y giro de utilidades a través de este bono, diseñado específicamente para importadores.
El Impuesto PAÍS fue implementado originalmente durante la administración de Alberto Fernández con el objetivo de limitar el acceso al mercado cambiario en un contexto de restricciones económicas. Con esta ampliación, el gobierno actual, liderado por Javier Milei y con Luis Caputo como ministro de Economía y Nicolás Posse como jefe de Gabinete, busca reforzar los incentivos a la inversión dentro del país.
El decreto establece una alícuota del 17,5% aplicable a la compra de divisas destinadas a la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes y a la distribución de utilidades y dividendos. Esta misma alícuota se aplica a quienes adquieran BOPREAL con fines similares.
El texto del decreto detalla que las siguientes operaciones estarán sujetas al impuesto PAÍS:
La compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019, inclusive. En este caso, la alícuota también será del 17,5%.
La suscripción en pesos de los “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL) emitidos por el BCRA o de aquellos bonos o títulos que esa institución emita en el futuro con igual finalidad, por parte de quienes los adquieran en concepto de: (i) pago de utilidades y dividendos y/o (ii) repatriación de inversiones de portafolio de no residentes generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019, inclusive. En ambos casos, la alícuota también será del 17,5%.
Según el texto del decreto, la decisión responde a la necesidad de “continuar profundizando los incentivos a la inversión nacional que estimulen la producción y la realización de actividades económicas en el país, garantizando un sendero fiscal sostenible”. Esta declaración encapsula el objetivo central del Gobierno al reformar el impuesto: fortalecer la economía interna mediante la promoción de la inversión y el control de la fuga de capitales.
El decreto también incorpora un nuevo inciso en el Título III del Decreto N° 99 del 27 de diciembre de 2019, precisando que tanto la distribución de utilidades y dividendos como la repatriación de inversiones de portafolio quedan sujetas a este impuesto. La medida es efectiva para todas las transacciones de este tipo realizadas desde el 1° de septiembre de 2019.
Dentro de los considerandos del decreto, se hace referencia a las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 41 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, que permiten al Ejecutivo adaptar la política fiscal a las circunstancias cambiantes. En este contexto, el decreto refleja un esfuerzo por actualizar las normativas en respuesta a las dinámicas del mercado global y local.
El artículo 35 de la misma ley, mencionado en los considerandos, había ya establecido las operaciones iniciales alcanzadas por el impuesto, incluyendo la compra de billetes y divisas en moneda extranjera sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones. La nueva regulación extiende esta lista para incluir operaciones que implican una directa repatriación de capitales y distribución de ganancias, reflejando una evolución en la política económica del país.
Esta expansión del impuesto PAÍS también responde a modificaciones anteriores que buscaban ajustar la política fiscal a las necesidades económicas emergentes. Por ejemplo, el Decreto N° 682 del 12 de octubre de 2022 ya había incorporado ajustes similares en cuanto a la adquisición de servicios en el exterior y la importación de ciertas mercaderías, según los estándares de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.).
El decreto actual sigue la línea de la Comunicación “A” 7925 del BCRA del 22 de diciembre de 2023, que estableció que los importadores de bienes y servicios podrían suscribir BOPREAL hasta el monto de la deuda pendiente de pago por sus importaciones hasta el 12 de diciembre de 2023.
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