Juicio por YPF: un experto advierte que modificar la sentencia es "casi imposible"
Miguel Nathan Licht, doctor en Derecho y presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, afirmó que la decisión judicial sobre YPF ya está cerrada y sin posibilidad de apelación
El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, aseguró en una entrevista con el periodista Luis Majul que la posibilidad de modificar la sentencia en el juicio por la expropiación de YPF es "casi imposible". Según explicó, la decisión judicial ya ha pasado en "autoridad de cosa juzgada", lo que implica que no admite ningún recurso.
"Estamos frente a una sentencia que ya está cerrada. La justicia determinó cuál era la situación de Argentina y de YPF. No hay margen para apelaciones", sostuvo Licht. En este sentido, comparó la situación con un caso médico extremo y advirtió que cualquier intento por revertir el fallo podría considerarse un "encarnizamiento jurídico".
El fraude alegado y su impacto en el caso
Durante la entrevista, Licht explicó que la supuesta nueva estrategia legal de Argentina se basa en una denuncia de fraude relacionada con la adquisición de acciones de YPF. No obstante, según el especialista, el tipo de fraude que se invoca no es relevante para revertir la sentencia.
"En la legislación de Estados Unidos existe un recurso extremo cuando se comprueba que la sentencia estuvo basada en algo absolutamente anómalo o irregular. Pero en este caso, el fraude alegado no es nuevo. Ya se conocía y fue incluso judicializado en Argentina en 2006", explicó.
Licht diferenció dos tipos de fraude: intrínseco, que ocurre cuando una de las partes engaña al tribunal con información falsa, y extrínseco, cuando se manipula directamente al sistema de justicia. "Aquí se habla de un fraude a la otra parte, no al tribunal estadounidense, lo que lo hace inútil como argumento para revertir el fallo", precisó.
El riesgo de un nuevo intento judicial
El presidente del Tribunal Fiscal también alertó sobre los costos que podría implicar para Argentina insistir en esta vía judicial. "Presentar un nuevo recurso no es gratis. Los abogados de la otra parte reclamarán sus honorarios, que pueden superar los 50 o 60 millones de dólares", advirtió Licht.
"Esto es una cuestión de evaluación política. Si el gobierno decide avanzar con esta estrategia, tiene que asumir el costo. Pero las chances de éxito son cero", concluyó. Además, ironizó que es "más probable que un asteroide desviado por la NASA cambie su curso que revertir esta sentencia".
Licht descartó que el Tribunal Fiscal de la Nación tenga incidencia en este litigio y enfatizó que el tiempo para presentar un recurso ya venció. "El fallo es definitivo. Si Argentina quiere regalar plata, es otro tema, pero desde lo jurídico esto es casi imposible", sentenció.
El jurado se encuentra estancado en una votación de 11 a 1, y la mayoría aparentemente se inclina por declarar a Lindsay Clancy no culpable por razones de salud mental
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.