El ex funcionario de Vialidad Nacional durante la gestión de Cambiemos compartió detalles de las irregularidades que originaron la causa por la que finalmente fue condenada Cristina Kirchner
En una entrevista en El Observador 107.9, Ricardo Stoddart, ex director de Asuntos Judiciales de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, reveló los pormenores de su rol como denunciante en la denominada Causa Vialidad que terminó con la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner. En un diálogo abierto con Luis Gasulla y Agustina Girón, Stoddart compartió los hallazgos que sacudieron la administración de obras en la provincia de Santa Cruz, principalmente bajo la figura de Lázaro Báez y su grupo empresarial, Austral Construcciones.
En 2016, cuando Stoddart y su equipo asumieron en Vialidad Nacional bajo la conducción de Javier Iguacel, encontraron un escenario de deudas millonarias con los contratistas de obras públicas, muchas de las cuales databan de la gestión kirchnerista. Según Stoddart, el presupuesto de Vialidad Nacional para ese año era de 23.000 millones de pesos, pero las deudas con los contratistas alcanzaban casi 14.000 millones de pesos. Lo que más llamó la atención de Stoddart y su equipo fue que, de todas las empresas contratadas, había una que no tenía deudas: Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. “Este grupo tenía pagos por adelantado, algo completamente fuera de lo común”, explicó Stoddart, quien detalló que a principios de 2016, los certificados de obra correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo ya estaban pagados. “Mientras otras empresas estaban esperando cobrar, Austral Construcciones tenía todo pagado. Esto era algo raro, y comenzamos a sospechar”, afirmó.
Stoddart también resaltó que, en ese momento, el único grupo constructor que no tenía deudas con el gobierno de Macri era precisamente el que tenía una relación cercana con los Kirchner. “Este grupo, que era el de Lázaro Báez, fue el único que no tenía deudas, pero al mismo tiempo, había recibido pagos adelantados por las obras que estaba ejecutando en Santa Cruz”, indicó el ex funcionario.
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia de Stoddart sobre la falta de control de Vialidad Nacional sobre las obras en la provincia de Santa Cruz. Según su relato, Vialidad Provincial, no la nacional, se encargaba de supervisar y gestionar las obras en esta provincia, sin que existiera una intervención real por parte de Vialidad Nacional. “Las inspecciones de las obras las hacía Vialidad Provincial, y los pagos los realizaba la provincia de Santa Cruz. Vialidad Nacional solo reintegraba el dinero, lo que nos daba la sensación de no tener ningún tipo de control sobre lo que pasaba en la provincia”, explicó Stoddart.
Además, en los contratos de obra, Stoddart encontró que Austral Construcciones tenía más de 50 adjudicaciones para proyectos en Santa Cruz, algo que violaba las normativas de la Ley de Obras Públicas, que establece que un grupo económico no puede tener más de dos obras adjudicadas. “Lo que encontramos fueron obras que no tenían avances significativos, a pesar de los pagos que ya se habían realizado. Había contratos donde se habían cobrado anticipos financieros, pero las obras ni siquiera tenían los obradores instalados”, relató Stoddart. Esta falta de control sobre las obras y la adjudicación de proyectos sin los requisitos básicos de fiscalización era, según él, la tónica de la gestión de los Kirchner en esa provincia.
Otro tema central que abordó Stoddart fue la simulación en las licitaciones de obras. En ese sentido, detalló cómo Vialidad Nacional tardaba meses en adjudicar una obra, mientras que las adjudicaciones a Austral Construcciones se realizaban de manera vertiginosa. “Mientras que en Vialidad Nacional las licitaciones tardaban entre 150 y 160 días, las obras de Báez se adjudicaban en 14 o 15 días. Eso es completamente ilógico”, destacó. A su juicio, este procedimiento rápido era una muestra de que no se estaban realizando licitaciones transparentes. “En los casos de Austral Construcciones, las ofertas coincidian exactamente con los presupuestos de obra que ya tenían preparadas las autoridades provinciales”, agregó.
Stoddart afirmó que, al abrir los sobres de las licitaciones, los presupuestos presentados por Austral Construcciones eran prácticamente idénticos a los de los presupuestos originales, lo que dejaba en evidencia que el proceso de licitación era una mera formalidad. “Era toda una simulación. Los presupuestos no tenían sentido, eran en centavos, y las adjudicaciones a Austral Construcciones se realizaban sin ninguna transparencia”, aseguró.
Stoddart también brindó detalles sobre el impacto económico de las irregularidades en la obra pública. A través de una auditoría realizada por su equipo, calcularon que la mitad de los contratos adjudicados no habían sido ejecutados de acuerdo con lo pactado. Esto representaba, según sus estimaciones, 46.000 millones de pesos en recursos públicos mal utilizados, lo que al tipo de cambio de la época equivalía a 2.200 millones de dólares. “Este fraude fue mucho más grande de lo que se pensaba inicialmente. En la sentencia final, la cifra pasó a 85.000 millones de pesos”, subrayó.
Finalmente, Stoddart habló sobre la condena de Cristina Kirchner y la reacción que generó en la sociedad. Si bien celebró que todo el trabajo realizado durante la investigación no haya sido en vano, Stoddart expresó su frustración por el clima de “épica” que aún rodea a la ex presidenta y sus seguidores. “Fue un día triste para mí. A pesar de la justicia alcanzada, ver a la gente festejar algo que no tiene sentido, me generó angustia. Me asusta que, a pesar de toda la evidencia, la defensa siempre haya sido política y nunca técnica”, comentó.
Stoddart destacó que, aunque la condena fue un avance importante, la situación en Argentina no es fácil: “Tenemos una Argentina donde se aplauden las causas sin fundamento técnico. Y eso es algo que asusta, porque nos aleja de la posibilidad de construir una democracia realmente sana”.
Su abogado solicitó al juez Jorge Gorini la morigeración de pena por edad y condiciones especiales de seguridad tras el intento de magnicidio
El movimiento en la sede del PJ comenzó temprano. Cristina Kirchner esperó la confirmación de su condena rodeada de dirigentes y militantes.
El fallo prevé una condena de seis años para Cristina Kirchner, que cumpliría en el inmueble adquirido por su hija Florencia en 2015.
La confirmación de la condena a Cristina Kirchner genera un fuerte debate en el ámbito político argentino. Las reacciones a favor y en contra se multiplicaron.
Fallo. La jueza Loretta Preska cerró formalmente el expediente en primera instancia y dejó sin efecto su fallo de 2023, que condenaba a la Argentina a pagar más de U$S 16.000 millones por la expropiación de YPF.
Esperable. La decisión cumple con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo revocó la condena y falló a favor del Estado argentino.
Lo próximo. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el pedido de Burford Capital para revisar el fallo. No está obligada a tratar el caso y no hay plazos definidos.
Otro reclamo. En paralelo, Burford inició acciones ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial, por el reclamo vinculado a la expropiación de 2012.
Cónclave clave. Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los gobernadores fueron convocados por los jefes legislativos del PJ.
Defensa electoral. El principal objetivo del encuentro es bloquear cualquier intento del oficialismo de suspender las PASO.
Presupuesto 2027. Buscan consensuar una postura común frente al proyecto de Javier Milei para resguardar los intereses provinciales.
Interna abierta. La reunión pone a prueba la unidad del espacio en medio de las fuertes disputas por las candidaturas presidenciales.
