Carlos Pirovano aseguró que el organismo destinará 12 millones de dólares para la industria audiovisual en 2024, tras críticas por su manejo de fondos
El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, fue convocado este martes a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para discutir el impacto de las plataformas digitales y el streaming en la comunicación y la cultura. El debate, conducido por Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, se centró en la transformación tecnológica del sector audiovisual. Sin embargo, la discusión también se desvió hacia las políticas y financiamiento del INCAA, desatando una serie de cuestionamientos y defensas sobre el manejo de recursos destinados a la industria cinematográfica.
Durante la sesión, la diputada de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, destacó la relevancia del INCAA en la generación de divisas y en la promoción de la cultura nacional, resaltando que el organismo "genera valor agregado" y que los artistas y productores argentinos han logrado reconocimiento internacional gracias a su apoyo. No obstante, la diputada criticó duramente el presupuesto proyectado para el año siguiente, señalando que "no se condice con la inversión necesaria". Acusó a la nueva administración de "desfinanciar" el sector cinematográfico, sugiriendo que hay una estrategia para debilitar al instituto.
Frente a estas acusaciones, Pirovano respondió defendiendo la gestión actual y aclaró que los logros del cine argentino son fruto del talento de los artistas y no de los funcionarios del INCAA. “Los premios, los títulos, el reconocimiento, no es del burócrata que está en el INCAA, es de los artistas que han sido reconocidos por el gran público, por la gente”, afirmó el titular del organismo. En relación a la crítica sobre el "desfinanciamiento", Pirovano señaló que parte del problema proviene de gestiones anteriores, que utilizaron gran parte de los fondos para pagar salarios y mantener la estructura burocrática. Según el funcionario, "no se me ocurre un desfinanciamiento mayor que capturar los recursos que deberían ir a la actividad audiovisual y gastarlos en empleados públicos, edificios y gastos de estructura".
Pirovano detalló que, según las cifras oficiales, el INCAA recauda unos 15 millones de dólares al año, de los cuales más de 12 millones se destinaban hasta ahora a nómina salarial y costos operativos. Comparó esta situación con el año 2009, cuando el instituto tenía alrededor de 100 empleados, frente a los 730 trabajadores que conformaban la plantilla en febrero de este año. Además, confirmó que el presupuesto asignado para el próximo año será de 12 millones de dólares, reafirmando que estos recursos estarán disponibles para fomentar la producción audiovisual en el país.
El presidente del INCAA también defendió las medidas tomadas durante los primeros meses de su gestión, incluyendo la eliminación del Comité de Preclasificación, que fue reemplazado por un sistema más ágil para la aprobación de proyectos. Asimismo, señaló que se han modificado los criterios para otorgar anticipos de subsidios, con el fin de hacer más eficientes los procesos y asegurar que los fondos lleguen de manera oportuna a los proyectos audiovisuales.
El debate sobre el rol del Estado en la cultura fue otro de los ejes de la discusión. Pokoik manifestó su desacuerdo con la visión de Pirovano, señalando que “la cultura es un derecho social” y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las políticas públicas lleguen a todos los rincones del país. “Esta cuestión del Estado mínimo y que los talentos nacen solo por la meritocracia responde al paradigma del Gobierno. Capacidad y talento hay en todo el país, lo que no hay en todos los pueblos son políticas públicas activas que igualen en la posibilidad de las oportunidades”, argumentó la diputada.
En respuesta, Pirovano defendió su postura sobre la necesidad de un Estado más eficiente y con menos burocracia. “El Estado máximo usa los recursos de la gente, entonces el Estado máximo es la gente al mínimo. Y el Estado mínimo es la gente al máximo”, afirmó el funcionario. Para él, el desafío está en "ordenar, pagar y liberar recursos" para identificar talentos y ayudarlos a desarrollarse, sin importar su origen o creencias políticas.
La diputada radical Natalia Sarapura también intervino en el debate, señalando que la inversión en cultura y cine es esencial para la identidad nacional y no debe verse únicamente desde la perspectiva del equilibrio fiscal. “La inversión en cultura, en el cine, contribuye a la identidad nacional, al patrimonio nacional, y no podemos verla solo con la mirada del equilibrio fiscal”, sostuvo Sarapura, quien coincidió en la importancia de garantizar el acceso a la cultura como un derecho fundamental.
Otro punto de controversia que surgió durante la sesión fue la discusión sobre los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). La diputada Pokoik mencionó que se le había otorgado a la SIDE un presupuesto de 100 mil millones de pesos, insinuando que estos recursos podrían ser utilizados para fines políticos o electorales. “Quizás para hacer persecuciones políticas”, insinuó la diputada.
El diputado oficialista Carlos D’Alessandro, de La Libertad Avanza, defendió la gestión de los fondos de la SIDE, asegurando que no se había tocado un solo peso. Para respaldar su declaración, D’Alessandro reveló que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, presentó una certificación bancaria del Banco Nación que demostraba que los 80 mil millones de pesos asignados permanecían intactos, y que los 20 mil millones restantes aún no habían sido transferidos por el Tesoro Nacional. “Este Estado no está acá para perseguir a nadie”, afirmó D’Alessandro, remarcando que el Gobierno actual busca transparencia en la administración de los recursos.
El debate concluyó con la reafirmación de que el INCAA seguirá adelante con su plan de ajustes y optimización de recursos, mientras que las críticas por el supuesto desfinanciamiento del sector cinematográfico continúan. Pirovano reiteró que su objetivo es “ordenar” el funcionamiento del organismo para asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y se destinen al desarrollo de la industria audiovisual.
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