El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe sobre la práctica de los derechos humanos en el mundo, y en el capítulo dedicado a Argentina, alertó sobre la corrupción durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
En la sección 4, el informe advierte: “La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción".
Continúa con un ejemplo sobre la ex presidenta Cristina Kirchner: “Fernández de Kirchner y nueve implicados (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente”.
“Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y, en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales”, resalta el texto.
Además, el informe enfatiza en otras causas de corrupción que involucran al Poder Judicial, como fue el caso del ex juez federal de Mendoza Walter Bento: “El 26 de julio comenzó un juicio federal contra el ex juez federal Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía”.
“El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad, cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones”, añade el texto.
Por otro lado, resalta los desmanejos en las fuerzas de seguridad: “En algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales”.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
