A menos de dos semanas de que comiencen las clases en algunas jurisdicciones del país, la Secretaría de Educación de la Nación tiene previsto convocar a los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) la próxima semana para negociar el salario mínimo docente. Esta reunión, que originalmente estaba programada para la semana pasada, podría allanar el camino para un inicio del ciclo lectivo que hasta ahora se vislumbra conflictivo.
En días recientes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado que el Gobierno aún no había decidido si convocaría o no a la paritaria nacional docente. Cabe recordar que esta paritaria establece un piso salarial para los docentes en todo el país, independientemente de las negociaciones que se llevan a cabo en cada jurisdicción (las cuales están en curso en este momento). Adorni incluso argumentó que no se trataba estrictamente de una “paritaria”, ya que la educación obligatoria está bajo la jurisdicción de las provincias. Este mismo argumento había sido utilizado durante el gobierno anterior.
Los sindicatos habían advertido sobre un inicio de clases conflictivo si no se abría la negociación salarial. Incluso interpretaban que el Ejecutivo estaba buscando el conflicto. En algunas jurisdicciones, como la provincia de Córdoba, se anticiparon a un posible escenario de paro docente al anunciar la implementación de un plus por presentismo (conocido como el “ítem aula”), lo que redujo la adhesión a las huelgas en la provincia de Mendoza. Además, el Gobierno intentó limitar las huelgas docentes mediante el DNU 70/2023 (cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Justicia) y, posteriormente, a través de la Ley Ómnibus, cuyo debate no tuvo éxito en el Congreso.
Los gremios docentes sostienen que la paritaria nacional docente está contemplada en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075). Dicho artículo establece que el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional deben acordar “pautas generales” relacionadas con las condiciones laborales, el calendario educativo, la carrera y el salario mínimo docente.
En la versión original de la Ley Ómnibus, se mantenía este artículo, pero luego se introdujo otro (el 552) que trasladaba esa responsabilidad a las provincias, en línea con el argumento actual del Gobierno nacional. Sin embargo, durante el proceso de negociación de la ley, se modificó ese texto, y la versión que llegó al recinto sostenía que se acordaría el salario mínimo docente con la representación nacional de los gremios docentes. A pesar del fracaso de la ley, en los últimos días, el Gobierno ha afirmado que la responsabilidad de los salarios docentes recae en cada provincia, aunque no haya logrado modificar la normativa.
La discusión entre Nación y provincias
Esta discusión sobre las responsabilidades de Nación y provincias en el sistema educativo también se reflejó en la decisión del Gobierno de suspender los aportes nacionales al salario docente: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial. El primero representa un porcentaje del salario que perciben, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país en el sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. El segundo, en cambio, solo se otorga a las provincias de menores recursos.
En la última paritaria nacional docente, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, se estableció un salario mínimo docente de 250 mil pesos para el mes de diciembre. Esta cifra representa un piso salarial para los maestros de grado común, con jornada simple y sin antigüedad, en todo el país. Sin embargo, debido a la inflación acumulada del 51,4% entre diciembre y enero, estos salarios han quedado considerablemente desactualizados, según denuncian los gremios.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
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Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
