A tres meses y medio de la asunción de Javier Milei, los números de los ingresos de los argentinos y argentinas dejan muy claro quiénes son y serán los perdedores de su modelo económico: los trabajadores y los jubilados. Por cuarto mes consecutivo, el Salario Mínimo Vital y Móvil quedó en marzo por debajo de la Canasta Básica Total –la línea de pobreza–, situación que no ocurría desde 2002. La jubilación mínima, en tanto, cayó en enero por debajo de la línea de pobreza, tendencia que se repitió en febrero y marzo. En ambos casos el Gobierno no hizo nada para revertir esta realidad.
Veámoslo en números: la actualización de la CBT en febrero según Indec llegó a $223.593, mientras que el salario mínimo establecido por el gobierno nacional fue de $180.000 –en marzo llegó a $202.800– y la jubilación mínima –contando el bono– fue de $160.613. Es importante destacar que, luego del fracaso de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el Poder Ejecutivo fijó por decreto el salario mínimo, y lo dejó por debajo de la línea de pobreza. Lo mismo ocurrió con las jubilaciones: el Gobierno dispuso un aumento de un 27 por ciento más un bono, que llevaron la jubilación mínima a $204.445. Pudieron sacar a los jubilados de la pobreza, pero eligieron no hacerlo.
El quiebre en la relación entre salario mínimo y Canasta Básica Total se dio en diciembre: el ingreso mínimo estaba fijado en $156.000 –tal como lo había dispuesto el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre de 2023–, mientras que la CBT había ascendido a $160.452. En enero la situación se agravó: el salario mínimo se mantuvo igual y la CBT llegó a $193.146, al tiempo que las jubilaciones básicas siguieron en $160.613. En ese escenario, a mediados de febrero se convocó una reunión del Consejo del Salario Mínimo, pero como el órgano no logró alcanzar un acuerdo, el Gobierno decidió definir por decreto el SMVM en $180.000 para febrero y $202.800 para marzo. Un aumento que no superó la barrera de la pobreza.
El antecedente más cercano de este escenario fue luego del estallido de la crisis de diciembre de 2001: al año siguiente, la CBT llegó en mayo de 2002 –ese año llegó a $232 en diciembre–, mientras el salario mínimo se mantuvo en $200 y la jubilación mínima seguía en $150. Néstor Kirchner fue quien revirtió la situación, cuando en 2003 elevó el salario mínimo a $250, con una CBT de $227 y aumentó la jubilación mínima a $220. A partir de entonces la tendencia siempre fue la misma: el salario mínimo y la jubilación básica estuvieron por encima de la CBT.
Aún luego de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que provocó el gobierno de Mauricio Macri, la relación siguió siendo favorable para los salarios en relación a la canasta: en noviembre de 2019 el salario mínimo era $16.876, mientras el valor de la CBT era de $12.166. Y si bien el poder adquisitivo de los jubilados cayó más de un 10 por ciento, la mínima se mantuvo por encima de la CBT, en $14.068. Al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, en noviembre de 2023, el SMVM era $146.000, la CBT $126.361 y la jubilación mínima $160.713.
Un mes después, el gobierno de Milei rompió esta tendencia: los trabajadores que cobran un salario mínimo y los jubilados con la básica, son pobres. Lo que está pasando en Argentina es inadmisible: el Estado fijó un salario mínimo y una jubilación de pobreza.
Jubilados, pensionados, AUH y SUAF ANSES | Calendario de pagos de septiembre 2026
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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