La justicia de Mendoza encontró culpable de abuso y hostigamiento al sacerdote Alberto Daniel Sardá y fue sentenciado por la justicia civil a pagar, junto al Arzobispado de Mendoza, la suma de 13 millones de pesos de indemnización en perjuicio de una mujer que fue víctima cuando era menor, en el departamento mendocino de San Martín, informaron fuentes judiciales.
El Tercer Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza, a cargo de María Angélica Gamboa, "dio lugar a la demanda de daños y perjuicios presentada por la víctima y condenar a los demandados Alberto Daniel Sardá y Arzobispado de Mendoza, a pagar a la demandante, en el plazo de diez días, la suma de $13.000.000", señala la resolución del Tribunal con fecha 28 de febrero de 2024.
"Hay que recordar que no es una condena en sede penal, es una condena, si cabe la expresión, en sede civil", dijo a Télam el abogado de la víctima, Carlos Lombardi, sobre la resolución.
Y agregó que "los Tribunales estatales hicieron lugar a la demanda por daños derivados de violencia de género contra el cura y contra el Arzobispado de Mendoza. Son daños, digamos, un resarcimiento, una indemnización".
Sobre el expediente, el letrado explicó que en "el fuero penal el cura fue sobreseído no porque fuese inocente, sino por la prescripción de la acción penal que se aplica restrictivamente pero que indica que el Estado no puede seguir persiguiendo delitos por el paso del tiempo. No es porque la persona -en este caso el cura- sea inocente o no se hayan cometido los hechos".
La demanda tiene que ver con abuso sexual que ocurrió cuando la víctima era menor y el demandado era el sacerdote de la parroquia Inmaculada Concepción, en el distrito de Palmira, de la localidad mendocina de San Martín.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.
