Abelardo de la Espriella
Con un abultado déficit de 9,4% del PIB y un endeudamiento récord para 2027, el mandatario promete un plan de austeridad para aliviar el desbalance de las cuentas públicas.
El presidente Abelardo de la Espriella eligió la crudeza para advertirle a los colombianos que el país padece una severa crisis fiscal heredada del gobierno de Gustavo Petro. Con un presupuesto desbalanceado y una deuda en ascenso que lo obligan a duras medidas de austeridad, el mandatario intenta contener el deterioro de las cuentas públicas, que ya encendió las alarmas de calificadoras de riesgo internacional como Fitch Ratings.
De la Espriella, con poco más de un mes en la presidencia, aseguró que revelaría “la verdad que la izquierda radical y corrupta les escondió” y arremetió contra su antecesor: “Petro y su gobierno tomaron decisiones que son ilegales y dejaron a Colombia al borde del abismo. Ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Petro y su gente ocasionaron”.
El equipo de De la Espriella elaboró para 2027 lo que denomina el “presupuesto de la verdad”, en el que incluyó obligaciones que, según sostiene, permanecían ocultas. El desbalance es evidente: el monto total asciende a 635 billones de pesos (unos 206.000 millones de dólares) y “el 44% de los recursos provienen de deuda, casi la mitad”, subrayó el mandatario.
Para mostrar cómo el endeudamiento está absorbiendo una porción relevante del gasto del Estado, señaló que “por cada 100 pesos del presupuesto, 24 se van a pagar la deuda y apenas 14 quedan para inversión". "Esa es la realidad que recibimos y que tenemos que cambiar”, aseguró.
“Durante cuatro años se construyeron presupuestos sobre cifras de recaudo falsas y se siguió gastando como si ese dinero fuera a entrar. Pero nunca entró”, sostuvo De la Espriella.
Al tomar en cuenta ingresos y gastos en el “presupuesto de la verdad”, el déficit alcanza 9,4% del PIB, el mayor desequilibrio en la historia reciente del país, incluso superior al registrado durante la pandemia de Covid, cuando fue necesario importar vacunas y extender subsidios para sostener la economía.
El agujero en las cuentas públicas se amplió durante los cuatro años de Petro, quien dejó el poder el mes pasado. En su mandato, los impuestos recaudados nunca alcanzaron las metas previstas mientras el gasto del Estado siguió en ascenso. El boquete se tapó con deuda cada vez más cuantiosa y más costosa en cuanto a tasas de interés.
La negativa de Petro a recortar el gasto, que le permitió aumentar la nómina pública y elevar salarios y pensiones, desembocó en la renuncia de uno de sus ministros de Hacienda y, poco después, en la suspensión de la regla fiscal que limitaba la deuda. Esa decisión desató rebajas en la calificación crediticia y hundió los bonos de Colombia en la categoría de riesgo especulativo.
De la Espriella ha insistido en que su gobierno, que además enfrenta el reto de reconstruir las zonas devastadas por el terremoto que sacudió el occidente del país e impactó con fuerza a Cali y al departamento del Chocó, no aumentará los impuestos.
Para cuadrar las cuentas, el mandatario anunció en su alocución un plan de austeridad con un recorte de 17,4 billones de pesos (unos 5.630 millones de dólares), centrado en reducir compras de bienes y servicios y frenar proyectos de inversión no prioritarios. “Cada peso de los colombianos debe tener una justificación”, señaló.
En su último reporte, Fitch advierte que “el proyecto de ley de las autoridades se centrará principalmente en recortes de gasto, pero para generar grandes ahorros estos recortes deberán aplicarse a rubros rígidos como salarios y transferencias sociales, que constituyen el grueso del presupuesto, lo cual será impopular”.
Para financiar el plan de 2027, aparte del recorte de gasto, el presupuesto contempla conseguir 27.000 millones de dólares en deuda externa, más del doble de lo requerido en 2026. Sin embargo, Fitch indicó que colocar semejante volumen de bonos en el exterior será difícil, necesitará el apoyo de organismos financieros internacionales y dejará al país peligrosamente expuesto a los vaivenes de las tasas de interés globales.
Un punto a favor del gobierno es su cercanía con la Casa Blanca. Tras el enfriamiento diplomático durante la administración de Petro, la sintonía entre De la Espriella y Donald Trump, quien lo respaldó en campaña, abre la puerta a más inversión extranjera y a créditos con entidades multilaterales, aunque el ministro Miguel Gómez ya descartó pedir un rescate financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En diciembre pasado, Fitch —que junto a S&P y Moody’s integra el trío de calificadoras más influyentes— rebajó la nota de los bonos en dólares de Colombia de BB+ a BB con perspectiva estable. Esto significa para los inversionistas más riesgo y una calificación que ubica los bonos colombianos en el nivel especulativo, por debajo del grado de inversión reservado para los países más seguros.
Ahora, al analizar las perspectivas, Fitch señala que la deuda está creciendo a un ritmo más rápido de lo esperado. Antes proyectaba que el endeudamiento llegaría al 62,4% en 2027, una cifra que ya superaba ampliamente el promedio de 52% de los países con la misma calificación de Colombia.
“La rebaja de calificación de diciembre anticipó el aumento de la deuda, y la nota conserva cierto margen para absorber una peor trayectoria. Sin embargo, no aplicar medidas de ajuste y dejar que los déficits sigan siendo altos, inclinando de forma pronunciada la deuda sobre el PIB, podría ejercer nueva presión sobre la calificación”, advierte Fitch.
“Un gobierno elegido sobre una plataforma de menores impuestos y preservación del gasto social ahora enfrenta costos de reconstrucción aún indeterminados y un Congreso fragmentado, lo que complica el camino hacia la consolidación fiscal”, destaca Fitch.
El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para debatir, modificar o aprobar la propuesta del Ejecutivo. De no lograr un acuerdo antes de esa fecha límite, el proyecto entrará en vigor por decreto presidencial tal como lo radicó De la Espriella.
Las rebajas de las calificadoras, las medidas extraordinarias y la tensión financiera evidencian una fragilidad que comprometerá al próximo gobierno.
El gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá las riendas del país el 7 de agosto, recibe unas finanzas públicas desequilibradas.
La agenda bilateral estará marcada por la cooperación en seguridad y el Escudo de las Américas, mientras en el plano económico pesan el apoyo financiero y las tensiones comerciales.
La operación. YPF acordó comprar el 24,99% de YPF Luz en manos de BNR Power Investments B.V. por US$430 millones. La transacción está sujeta a las condiciones habituales.
Mayor control. Una vez concretada la compra, la petrolera pasará a controlar la totalidad de la compañía eléctrica e integrará el 100% de sus resultados.
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Resultados y trayectoria. Creada en 2013, la compañía registró un EBITDA de US$ 479 millones en los 12 meses hasta junio de 2026. La adquisición profundiza la apuesta de YPF por el negocio de generación eléctrica.
Presupuesto 2027. El oficialismo en Diputados inició rondas de diálogo con bloques aliados, donde los mayores reclamos se concentran en fondos para discapacidad, reactivación de obra pública y precisiones sobre los recursos para las provincias.
Proyecto por Malvinas. Como dicta su cronograma desde hace tiempo, LLA quiere dictaminar el martes 13 la iniciativa que prevé penas de prisión y multas para empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina; la oposición pide acotar la norma a hidrocarburos y el documento podría recibir las modificaciones para avanzar.
Límites a la Ley de Tierras. Tras el fallo de la Corte que invalida las restricciones al DNU 70/23, el Gobierno dio marcha atrás con la desregulación total y debate junto a aliados cómo reinstaurar un tope a la extranjerización de suelo rural.
