Ordenan el desalojo de un campo usurpado por mapuches ubicado entre Bariloche y El Bolsón
Se trata de un predio ubicado en el paraje Mallín Ahogado, que fue inspeccionado este viernes por el fiscal y la policía.
Redacción La Justicia en la provincia de Río Negro emitió un dictamen para proceder con el desalojo de un extenso terreno de siete hectáreas, situado en una zona rural entre Bariloche y El Bolsón. Este terreno fue ocupado en abril del año pasado por una comunidad mapuche, quienes ingresaron alegando una supuesta conexión ancestral con el lugar.
Durante el proceso judicial, el juez a cargo intentó diversos mecanismos de diálogo para buscar una solución alternativa al conflicto. Sin embargo, estas instancias de negociación fracasaron debido a la ausencia de los líderes mapuches, pertenecientes a la lof Coronado Inalef, en las distintas convocatorias.
El magistrado Juan Pablo Laurence, además, otorgó un plazo para que los ocupantes abandonaran voluntariamente el terreno, pero los miembros de la comunidad optaron por quedarse, declarando su intención de resistir, como lo han hecho en el pasado.
El plazo de tregua concedido para el retiro voluntario de los mapuches venció este viernes. Posteriormente, el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, junto con agentes de la Policía provincial, se presentaron en el lugar en conflicto. No obstante, el fiscal solo llevó a cabo una inspección in situ para evaluar la situación y determinar la cantidad de familias presentes antes de proceder con el desalojo.
En respuesta a la orden de desalojo, la comunidad expresó su rechazo y solicitó una prórroga hasta el próximo lunes, día en el cual se comprometieron a retirarse voluntariamente de las tierras. El juez de Garantías afirmó que la orden es restituir el inmueble a los legítimos propietarios antes de dictar la resolución definitiva sobre el desalojo.
Ordenan el desalojo de un campo usurpado por mapuches ubicado entre Bariloche y El Bolsón
El conflicto se desencadenó el 23 de abril de 2023, cuando varias familias, argumentando una supuesta reivindicación de tierras ancestrales, ingresaron a la propiedad, derribando cercas y causando daños. Aunque alegan que sus antepasados ocuparon esas tierras hace un siglo, durante el proceso judicial no pudieron demostrar la titularidad del terreno.
El juez que emitió la orden, posteriormente ratificada por el juez de Juicio Juan Martín Arroyo, señaló en la última audiencia de primera instancia que solo existen registros verbales de la presencia previa de la comunidad en el predio, basados en el testimonio de los imputados, pero que no hay informes técnicos disponibles en el expediente para contrastarlos con los presentados por la parte acusadora.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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