La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dirigido sus críticas hacia los movimientos sociales y sindicatos, señalando que " los que manejan la política social se creen que tienen el poder de dominar y explotar a la gente". Bullrich informó que recibieron "80 mil llamadas que hablan de extorsión, aprietes, abusos sexuales, imposiciones" relacionadas con estos grupos.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la ministra, acompañada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el diputado Iván Gyöker, y el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Daniel Matkovich, anunció planes para un cambio radical en la gestión de los programas sociales.
Denuncias sobre redes de trata
La ministra denunció una red de trata en Chaco, dirigida por el dirigente piquetero Jorge Bregui, quien está detenido y acusado de prostituir mujeres a cambio de otorgar y administrar asistencias sociales.
Los funcionarios detallaron cómo esta red operaba, reteniendo tarjetas de asistencia, obligando a las víctimas a asistir a marchas y quedándose con la ayuda estatal. Bullrich afirmó: “Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios”.
Los ministros también señalaron al exgobernador Jorge Capitanich y lo acusaron de estar vinculado con esta red de trata mientras estuvo al mando de la provincia. Bullrich destacó: "El Gobierno anterior de Chaco dejó hacer porque sus funcionarios recibían estas dadivas sexuales. Hasta eso se ha llegado".
Cúneo Libarona anunció medidas para combatir esta matriz delictiva en Chaco, incluyendo la propuesta de nuevos delitos y el aumento de penas para castigar estos actos aberrantes.
El gobernador Zdero expresó su compromiso de luchar contra la corrupción y reveló que ha denunciado el uso indebido de beneficios sociales para el enriquecimiento de los dirigentes sociales, a pesar de que la pobreza en la provincia del Chaco sigue aumentando.
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- Límites a las sanciones. Se acotaron las prohibiciones dirigidas a proveedores y accionistas de empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.
- Control parlamentario. El Congreso sumará facultades de supervisión y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento (cuatro diputados y cuatro senadores) a la que el Consejo de Seguridad Nacional deberá reportar sus medidas en un plazo de 48 horas.
- Cambios en el artículo 111. El mismo reprime con cárcel ciertos actos contra el Estado; se cambió la figura de "desinformación masiva" por la de "campaña de injerencia extranjera", explicitando que no afectará el trabajo periodístico, académico ni diplomático, aunque mantendrá penas de 5 a 12 años de prisión.