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Las condiciones que PRO le impone a LLA para aprobar el Presupuesto 2027
Victoria Urruspuru
Ritondo y Milei.
Prensa Diputados

  • Coparticipación porteña. El PRO volvió a reclamar para el Presupuesto 2027 que Nación salde la deuda por transferencias con la Ciudad de Buenos Aires; el oficialismo confía en que se podrá resolver este conflicto entre gobiernos, aunque ya lleva tiempo en puja y no ve resoluciones.

  • Alivio impositivo. El bloque de Cristian Ritondo también pidió por la baja del impuesto a los combustibles y una reducción de la alícuota del IVA al huevo, pasando del 21% al 10,5%, tal como piden sectores de la industria avícola.

  • Transparencia en obras. Reclaman la publicación detallada de inversiones, plazos, tarifas e informes trimestrales sobre el avance de obras -con foco en rutas nacionales- y el costo fiscal de las concesiones.

  • Freno al dictamen y fechas en duda. El PRO advirtió que no acompañará el proyecto oficialista hasta no destrabar estos puntos; la sesión, prevista inicialmente para el 18 de noviembre, podría postergarse al 25 debido a las negociaciones y la visita del papa León XIV.

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El Gobierno aceptó cambios clave en el proyecto de soberanía sobre Malvinas
Victoria Urruspuru
El Gobierno aceptó cambios clave en el proyecto de soberanía sobre Malvinas
  • Acuerdos. El oficialismo modificó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei para asegurar el respaldo de bloques dialoguistas y dictaminar este martes pasadas las 17. "Es nuestra prioridad", mencionaron del bloque de Diputados.
  • Límites a las sanciones. Se acotaron las prohibiciones dirigidas a proveedores y accionistas de empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.
  • Control parlamentario. El Congreso sumará facultades de supervisión y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento (cuatro diputados y cuatro senadores) a la que el Consejo de Seguridad Nacional deberá reportar sus medidas en un plazo de 48 horas.
  • Cambios en el artículo 111. El mismo reprime con cárcel ciertos actos contra el Estado; se cambió la figura de "desinformación masiva" por la de "campaña de injerencia extranjera", explicitando que no afectará el trabajo periodístico, académico ni diplomático, aunque mantendrá penas de 5 a 12 años de prisión.