Adorni suma otro gasto en efectivo: un contratista declaró ante la Justicia que cobró 245.000 dólares por refaccionar su casa del country
El constructor Matías Tabar testificó ante el fiscal Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.
El constructor Matías Tabar declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, le pagó 245.000 dólares en efectivo por las obras de remodelación de su vivienda en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Tal como lo consigna la Revista Quorum, la testimonial se realizó en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye Pollicita y que tiene delegada el juez federal Ariel Lijo. Tabar declaró durante casi tres horas, aportó fotografías y videos del avance de las obras, y dejó en la fiscalía su teléfono celular con los chats y conversaciones mantenidas con Adorni a lo largo de la relación comercial.
El testigo precisó que los trabajos incluyeron la construcción de un quincho, una piscina con revestimiento premium y una cascada en el jardín, además de la renovación completa de baños y cocina, revestimientos en paredes, pisos nuevos y muebles a medida. Según el contratista, Adorni lo contactó por WhatsApp por recomendación de otros vecinos del country. Las obras se extendieron entre finales de 2024 y mayo de 2025 —entre siete y nueve meses—, y los pagos se realizaron en dos tramos: 55.000 dólares a fines de 2024 y el resto el año pasado. Tabar aclaró que los trabajos no fueron facturados, aunque aportó los tickets que conservaba de la compra de materiales y mobiliario.
Durante ese período, la familia Adorni se alojó en otra propiedad del mismo barrio privado, que alquilaron por 13.000 dólares mensuales.
La acumulación de gastos en efectivo
La declaración de Tabar se suma a una serie de movimientos financieros que la fiscalía busca rastrear y que, hasta ahora, carecen de respaldo documental. En poco más de un año, el funcionario movilizó al menos 104.640 dólares en efectivo, entre los que se cuentan: 80.000 dólares vinculados a la adquisición de tres inmuebles junto a su esposa, Bettina Angeletti; 4.800 dólares por un vuelo privado de ida a Punta del Este; 5.140 dólares para cubrir el regreso en avión desde Nueva York; 5.800 dólares por un viaje a Aruba el 29 de diciembre de 2024; y 8.900 dólares en hotelería en ese destino.
A ese monto se agregan los 245.000 dólares que el contratista afirma haber cobrado en efectivo por las obras de Indio Cuá. El cuadro patrimonial es más amplio aún: incluye la adquisición de una camioneta valuada en aproximadamente 30.000 dólares y gastos en viajes dentro del país por 9.104.770 pesos. Sumados los inmuebles, las refacciones y estos conceptos adicionales, el total comprometido por Adorni y Angeletti treparía a alrededor de 842.000 dólares, sin contar gastos corrientes como cuotas de colegios, expensas, impuestos, seguros, patentes y tarjetas de crédito.
La pregunta que guía la investigación es dónde obtuvo Adorni los fondos para sostener ese nivel de gasto. Según fuentes judiciales, "no hay respaldo documental de esos movimientos en efectivo". El objetivo de la fiscalía es determinar si el patrimonio declarado del funcionario ante la Oficina Anticorrupción y sus ingresos como empleado público permiten explicar esas erogaciones.
A la fiscalía también se le solicitó información a la administración del barrio privado sobre los pagos de expensas —que ascienden a 700.000 pesos mensuales y están a nombre de Angeletti— y sobre el mencionado costo de ingreso al country. El fiscal ordenó además que se le entreguen los mensajes de WhatsApp entre Tabar y el matrimonio Adorni-Angeletti.
La propiedad de Indio Cuá
La casa en cuestión —un inmueble de dos plantas de color gris verdoso ubicado aproximadamente a 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf del country— fue adquirida por Bettina Angeletti a fines de 2024 mediante un préstamo de 100.000 dólares otorgado por Victoria Cancio y su madre, Beatriz Molina de Cancio, quienes son policías federales y constituyeron una hipoteca sobre un departamento que Adorni conserva en Parque Chacabuco. El mismo día en que la escribana Nechevenko intermedió en la operación, Angeletti depositó ese dinero en el Banco Galicia. La pareja aportó además 20.000 dólares propios, con lo que la escritura se formalizó por 120.000 dólares. A ese valor se le suma el costo de la tasa de ingreso al country, de 5.000 dólares.
Sobre el valor de mercado del inmueble, el Ministerio Público Fiscal consignó en su dictamen que las propiedades en Indio Cuá se venden en un rango de entre 129.000 y 249.000 dólares, con un precio promedio de aproximadamente 149.875 dólares. La fiscalía analiza si los valores declarados en la presentación patrimonial de Adorni se condicen con los de mercado.
Del préstamo original, el jefe de Gabinete devolvió hasta ahora 30.000 dólares, y debe cancelar los 70.000 restantes antes de noviembre de este año. En paralelo, contrajo otra deuda hipotecaria privada de 200.000 dólares —sin intereses, también con vencimiento en noviembre— para la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, a la que sumó 30.000 dólares propios. Para esa operación, los vendedores fueron dos jubiladas, y los hijos de ambas acordaron por separado un cobro adicional de 65.000 dólares por reparaciones realizadas en el inmueble. Esta semana se espera la declaración testimonial de Emanuel Miano, hijo de una de esas jubiladas.
El jefe de Gabinete habló con El Observador 107.9 tras una semana atravesada por su exposición en el Congreso, las denuncias judiciales en su contra y la reapertura de la sala de periodistas en Casa Rosada.
El ex jefe de Gabinete empezó con sus memorias. En La Libertad Avanza quieren que la publicación este alejada de la campaña por la reelección de Javier Milei.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.