La indagatoria de Fernández es hoy a las 10 en Comodoro Py.
El juez Casanello procesó al expresidente por negociaciones incompatibles con su cargo y ordenó un embargo de $14.634 millones.
El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la investigación que analiza irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales durante su gestión presidencial. La decisión judicial, como lo informa la Revista Quorum, abarcó a 34 personas en total, incluyendo al broker Héctor Martínez Sosa y a la exsecretaria presidencial María Cantero.
El magistrado determinó que Fernández intervino desde la Casa Rosada para favorecer los negocios del círculo íntimo de Martínez Sosa, quien había sido su principal cliente como abogado y lobista entre 2010 y 2019. Este constituye el primer procesamiento por corrupción que enfrenta el expresidente, tras el dictado previamente por violencia de género contra Fabiola Yáñez.
La resolución judicial estableció un embargo de $14.634.220.283,68 sobre los bienes del expresidente. El delito de negociaciones incompatibles prevé una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para el funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero".
La investigación reveló que durante toda la presidencia de Fernández, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, se montó un "esquema de recaudación y distribución de fondos públicos" mediante el direccionamiento irregular en la contratación de seguros que las reparticiones públicas debían gestionar con Nación Seguros SA.
El mecanismo consistía en incorporar intermediarios brokers entre los entes estatales y la empresa aseguradora oficial, en calidad de "productores, organizadores y másters" mediante "designación irregular". Esta maniobra se habría ejecutado con la "connivencia" y "aprobación primigenia" del entonces presidente, quien se habría aprovechado "de su investidura" para conformar la estructura delictiva.
El perjuicio al Estado Nacional se calculó en $3.364.522.944, lo que representa más del 87% de los $3.857.616.638,31 que liquidó la aseguradora oficial a todos los intermediarios por las pólizas emitidas a entes estatales durante el período investigado.
Las comisiones de Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández alcanzaron $2.252 millones y representaron casi el 60% del total de las comisiones pagadas por Nación Seguros. Esta cifra superó ampliamente a la empresa que quedó en segundo lugar, la firma del broker Pablo Torres García, que obtuvo el 17% de las comisiones.
Casanello determinó que Fernández tuvo un "rol clave" en la maniobra corrupta, "empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones". El expresidente se fotografió con Martínez Sosa, imágenes que funcionaron como "un activo" para el empresario porque le permitían "documentar el vínculo" de "estrecha cercanía" con el presidente.
La resolución judicial documentó dos episodios específicos donde Fernández pasó de la aquiescencia a la acción directa. En el primero, relacionado con los seguros de la Cancillería, el expresidente le dijo a Cantero: "Ya me ocupo", cuando ella se quejó de que estaban "sacándole Cancillería a Hecky [apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor". Días después, Cantero informó a su marido que Fernández había hablado con el ministro Santiago Cafiero, y Martínez Sosa conservó el negocio.
El segundo episodio ocurrió en 2022, cuando Martínez Sosa quería evitar que removieran a Gustavo García Argibay del directorio de Nación Seguros, porque este funcionario colaboraba con sus negocios estatales. García Argibay, según el fallo, tenía además negocios espurios con Martínez Sosa a través de la productora de seguros Bachellier, que resultó ser una empresa fantasma.
Tras conseguir reunirse con Fernández, Martínez Sosa le contó a su mujer que le había ido muy bien en ese encuentro y que todo se iba a destrabar. Efectivamente, pese al cambio de autoridades de Nación Seguros, García Argibay fue mantenido en el cargo.
"Si la mera invocación no bastaba, los modos de convencimiento llegaban a incluir la intervención directa del entonces presidente: no era una venta de humo sino que la influencia era real", concluyó el juez en su fallo.
Además de Fernández, fueron procesados Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria, Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles, y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles. La lista de delitos incluye además lavado de dinero y cohecho, porque se sospecha que el exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos y su mujer recibieron sobornos de aseguradoras a través de cooperativas.
El magistrado también citó a indagatoria a ocho empresas de seguros y dispuso una serie de allanamientos en compañías, ya que desde 2017 las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal.
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