Fernández enfrenta acusaciones de ejercer violencia psicológica sobre Yañez entre 2016 y 2024.
Alberto Fernández vuelve a Comodoro Py y busca apartar al juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género
El ex presidente, que enfrenta denuncias de violencia psicológica por parte de Fabiola Yañez, presentará sus argumentos ante la Cámara Federal para recusar al juez y frenar su indagatoria.
El expresidente Alberto Fernández comparecerá este jueves ante la Cámara Federal porteña con el objetivo de recusar al juez Julián Ercolini, quien lleva adelante la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez. En su presentación, Fernández y su defensa alegan que el magistrado ha mostrado “parcialidad”, lo que pondría en riesgo la imparcialidad del proceso.
En este contexto, el juez Ercolini decidió suspender de manera indefinida la declaración indagatoria que había programado para el 17 de diciembre, hasta que la Cámara resuelva el planteo de recusación. La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, ha argumentado que la imparcialidad del juez podría afectar el desarrollo del proceso. "Debe demostrarse la razonabilidad del temor alegado sobre la base de elementos objetivos", señaló el magistrado al rechazar inicialmente la recusación, calificando el planteo de "meras suposiciones sin acreditación".
Esta no es la primera estrategia presentada por la defensa del exmandatario. Previamente, Carreira solicitó que el expediente fuera trasladado al fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que los hechos denunciados deberían ser considerados “contravenciones de maltrato y hostigamiento” bajo el Código Contravencional porteño.
En la causa, Fernández enfrenta acusaciones de ejercer violencia psicológica sobre Yañez entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones habrían incluido acoso, insultos y comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama, así como intentos de evitar que ella se presentara ante la Justicia, lo que podría constituir el delito de coacción.
La presentación de este jueves será clave para el futuro del proceso, ya que la decisión de la Cámara Federal definirá si Ercolini sigue al frente de la causa. Para Fernández, es una oportunidad de afianzar su estrategia judicial y evitar que se lleve a cabo la indagatoria en su contra. Por ahora, el desarrollo del caso permanece en pausa, a la espera de una resolución final sobre la recusación.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
