Alerta en la AFA: el Gobierno intimó a que expliquen balances de más de U$S 450 millones

El Gobierno nacional anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre sus balances contables y financieros.

“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro”, describe el comunicado.

La mención a la Superliga no es casual: según fuentes judiciales, los reclamos de la IGJ se apoyan en observaciones que se remontan hasta ocho años atrás. Por ese motivo, la intimación alcanza tanto a la Superliga, creada en 2017 con autonomía y estatuto propio, como a la Liga Profesional, el ente que la reemplazó y que hoy regula la Primera División, además de la propia AFA.

La Superliga nació el mismo año en que Claudio “Chiqui” Tapia asumió la presidencia de la AFA. Su disolución se produjo antes del parate por la pandemia y, con el regreso del fútbol, fue sustituida por la Liga Profesional. A diferencia de su antecesora, este organismo quedó directamente bajo la conducción de Tapia, con Francisco Duarte como CEO, lo que explica que la requisitoria de la IGJ incluya a ambas estructuras.

Desde el Ejecutivo indicaron que se exigirá a ambas entidades, AFA y Liga Profesional, que respondan las observaciones formuladas y presenten documentación respaldatoria, bajo "los mismos criterios que se aplican al resto de las personas jurídicas privadas registradas ante la IGJ". Además, se advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento de los plazos establecidos podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las instituciones como para sus directivos.

Las denuncias ante la Conmebol y la investigación judicial

La medida administrativa se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno en los últimos días. El lunes, la senadora Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra autoridades de la AFA, por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción y de Cumplimiento del organismo.

En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según el planteo oficial, podrían comprometer los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.

En paralelo, avanza una causa en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano, monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal. Ambos son investigados como presuntos testaferros de dirigentes de alto rango de la AFA.

La quinta de Villa Rosa y las contrataciones bajo la lupa

Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos. La investigación pone el foco en la capacidad económica declarada por los titulares registrados y en la secuencia de transferencias del inmueble.

Según consta en la denuncia, la propiedad fue adquirida en 2017 por el exfutbolista Carlos Tévez, pasó en junio de 2023 a manos de Malte S.R.L., proveedora oficial de la AFA, y menos de un año después fue transferida a Real Central S.R.L.. Además, las expensas y gastos de mantenimiento habrían figurado a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a ex funcionarios de la AFA.

La presentación judicial también menciona contrataciones directas, como la adjudicación a Malte S.R.L. por aproximadamente USD 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR, operación que fue justificada oficialmente por la trayectoria de la empresa, pero cuestionada por los vínculos societarios señalados en la denuncia.

La respuesta de la AFA

Esta semana desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra sus autoridades. En un comunicado, señalaron que enfrentaron “el ataque coordinado” de funcionarios del Poder Ejecutivo y cuestionaron la intervención de la IGJ en la vida institucional de la entidad.

Además, criticaron la postura del Gobierno a favor de avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, al considerar que va en contra del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro que rige en los clubes. En el cierre del texto que se difundió, la AFA sostuvo que continuará enfocada en su gestión deportiva y afirmó: “En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”.