Desde la cooperación nuclear de los '80 hasta la reciente declaración de Irán como "Estado terrorista" por parte del gobierno de Javier Milei, un repaso por las relaciones bilaterales que cambiaron para siempre tras las bombas de 1992 y 1994
El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una explosión devastadora cambió para siempre las relaciones entre Argentina e Irán. Una bomba de 300 kilogramos de explosivos destruyó la sede de la AMIA en Buenos Aires, matando a 85 personas e hiriendo a más de 300. Era el segundo atentado en dos años: en marzo de 1992, otro ataque había destruido la embajada de Israel, dejando 29 muertos.
Treinta años después, la Justicia argentina confirmó lo que las investigaciones venían señalando: ambos atentados fueron planificados por Irán y ejecutados por uno de sus proxies, la organización terrorista Hezbollah. Pero la historia de estas dos naciones es mucho más compleja que la tragedia que las marcó.
Las relaciones entre Argentina e Irán comenzaron en 1902, cuando ambos países establecieron vínculos diplomáticos. Durante décadas, la relación fue cordial y distante, hasta que en los años '80 tomó un rumbo inesperado: la cooperación nuclear.
En 1986, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina impulsó una política de acercamiento al Tercer Mundo a través de la cooperación Sur-Sur. Irán, que enfrentaba el aislamiento internacional tras la revolución islámica de 1979 y en plena guerra con Irak, vio una oportunidad. Los acuerdos incluyeron la venta de tecnología para reactores de investigación y capacitación técnica.
"La cooperación nuclear no fue un acto de irresponsabilidad, sino parte de una estrategia de inserción internacional de Argentina", explican los investigadores que han estudiado el período. Los contratos estaban supervisados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo que mitigaba los riesgos de proliferación.
Para 1990, Argentina firmó un Acuerdo de Energía Nuclear con Irán. Las exportaciones argentinas incluían productos agrícolas y tecnología, mientras que las relaciones diplomáticas parecían encaminarse hacia una asociación estratégica.
Sin embargo, la llegada de Carlos Menem al poder en 1989 implicó un giro en la política exterior argentina hacia una alineación estrecha con Estados Unidos, en lo que se conoció como "relaciones carnales" con Washington.
Esta nueva estrategia tuvo consecuencias inmediatas para Irán. Argentina envió tropas a la Guerra del Golfo Pérsico en 1990, Menem realizó una visita oficial a Israel en 1991, y en 1992 el gobierno suspendió los envíos de material nuclear a Teherán, a pesar de que los contratos ya estaban pagados.
El primer golpe llegó el 17 de marzo de 1992. Una bomba destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, en un ataque que inicialmente se atribuyó a grupos de extrema derecha, pero que las investigaciones posteriores vincularían con Hezbollah.
El segundo y más devastador ataque ocurrió el 18 de julio de 1994 contra la AMIA. La investigación, marcada desde el inicio por irregularidades y controversias, apuntó rápidamente hacia la pista iraní.
En 2004, Alberto Nisman fue designado fiscal especial para investigar el caso. En 2006, presentó una denuncia formal acusando a Irán de planificar el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. Las pruebas incluían intercambios de inteligencia con agencias internacionales y el seguimiento de los movimientos de operativos iraníes en la región.
El "informe Toma", elaborado por la entonces SIDE con información de la CIA y recientemente desclasificado, confirmó la participación de la red de inteligencia iraní y detalló cómo operativos de Hezbollah prepararon los ataques desde la Triple Frontera.
En 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina firmó un controvertido Memorándum de Entendimiento con Irán para investigar conjuntamente el atentado a la AMIA. El acuerdo, presentado como una vía para destrabar la investigación, fue duramente criticado por las familias de las víctimas y sectores de la oposición, que lo vieron como un intento de encubrimiento.
Las transcripciones de conversaciones interceptadas, reveladas por Nisman, sugerían que Argentina había ofrecido granos y armas a Irán a cambio de petróleo y una promesa de proteger a funcionarios iraníes de los cargos judiciales.
El 18 de enero de 2015, horas antes de presentar una denuncia contra la presidenta por presunto encubrimiento, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento. Su muerte, inicialmente catalogada como suicidio, fue posteriormente reclasificada como homicidio por la Justicia en 2018.
El 11 de abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una sentencia histórica. Por primera vez, la Justicia argentina estableció oficialmente que ambos atentados fueron resultado de un plan deliberado de Irán, ejecutado por Hezbollah.
Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña calificaron el atentado a la AMIA como un crimen de lesa humanidad, lo que lo convierte en imprescriptible y sujeto al principio de jurisdicción universal. Esto significa que los responsables pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.
El fallo también sugiere que Argentina podría emprender acciones legales contra Irán a través de canales diplomáticos, tribunales arbitrales o incluso ante la Corte Internacional de Justicia.
La llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015 marcó un cambio radical respecto a la política kirchnerista hacia Irán. Su gobierno desconoció inmediatamente el memorándum de entendimiento, que además fue declarado inconstitucional por la Justicia, y volvió a una línea dura en el reclamo por los atentados.
La administración macrista reforzó los pedidos de extradición de los acusados iraníes e intensificó la cooperación con organismos internacionales de seguridad. Este enfoque contrastaba marcadamente con la búsqueda de diálogo directo que había caracterizado la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Tras la pausa que significó una nueva gestión kirchnerista (esta vez a cargo de Alberto Fernández y la propia Cristina Kirchner), la llegada de Javier Milei a la presidencia confirmó el alineamiento de Argentina con las potencias occidentales. En abril de 2024, el presidente Milei declaró a Irán como "Estado terrorista", marcando un nuevo capítulo en las tensas relaciones bilaterales. En el 30° aniversario del atentado a la AMIA, Milei denunció "30 años de impunidad" y prometió "un quiebre" con las políticas de gobiernos anteriores.
"No fue casualidad cuando lo hicieron", afirmó Milei en el Foro Internacional de Contraterrorismo. "Se cumplirán tres décadas de impunidad, de cortina de humo y maniobras groseras de parte de personajes oscuros para cubrir atrocidades de nuestra historia".
La posición de Milei hacia Irán se endureció aún más en los primeros días de 2025, cuando respaldó públicamente los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. El presidente reposteó los mensajes tanto de Donald Trump como de Benjamin Netanyahu tras el bombardeo a las instalaciones de Fordow, Natanz y Esfahan, mientras su ministro de Defensa, Luis Petri, declaró: "Mañana el mundo despertará más libre y en paz! Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes".
Milei caracterizó a Irán como "enemigo de Argentina" y "una teocracia que quiere exterminar al único país libre de Medio Oriente", advirtiendo que "si se desarrolla como potencia nuclear, el mundo está en peligro". También vinculó directamente el Memorándum con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner con la problemática actual: "Cristina va a tener que dar explicaciones ante la Justicia. No sé si constituye traición a la patria, pero pusieron dos bombas".
De este modo, Argentina incluyó a Hezbollah y Hamas en la lista de organizaciones terroristas, alineándose completamente con la posición de Israel y Estados Unidos en el conflicto regional. El presidente enfatizó que Israel "está defendiendo la cultura occidental" y los "valores judeocristianos, que son la base del sistema capitalista".
Treinta años después del atentado más grave de la historia argentina, ninguno de los acusados iraníes ha sido extraditado para enfrentar juicio, y las alertas rojas de Interpol permanecen vigentes sin resultado. Para las familias de las 85 víctimas, la búsqueda de justicia continúa.
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