Ariel Lijo señaló que Argentina cuenta con “más de 50 condenas por año” contra la trata de personas.
El juez federal Ariel Lijo resaltó los avances legislativos y judiciales del país en la lucha contra la trata de personas y la explotación infantil y femenina.
La conmemoración del Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Mujeres reunió, el lunes pasado, a referentes judiciales, legislativos y de organizaciones no gubernamentales en el Senado de la Nación, donde uno de los expositores destacados del evento fue el juez federal Ariel Lijo.
Lijo reflexionó sobre la evolución de la legislación, los desafíos y los logros de la Argentina en la lucha contra la trata de personas. Durante su intervención, el magistrado destacó que el Congreso debe dedicar “tiempo, recursos y energía” a “un tema tan trascendente” como este.
En su exposición, Lijo repasó los cambios desde la sanción en 2008 de la primera gran normativa contra la trata en el país. Señaló que uno de los principales obstáculos iniciales fue de índole cultural y legal, ya que la sociedad, el sistema judicial y hasta las propias víctimas desconocían el concepto de la trata o no se reconocían como afectadas por este delito.
“El desafío inicial era cultural porque tenía en tres planos, falta de percepción. En la sociedad, que no entendía qué era la regulación de trata, si prostitución hubo toda la vida. En las víctimas, que nunca se percibieron como tales”, explicó el juez.
El magistrado destacó que uno de los avances más importantes fue la transformación conceptual que permitió comprender estos crímenes desde una perspectiva más amplia: “Ese desafío cultural ya fue zanjado y ese es el primer gran éxito que permitió que las cosas evolucionen”, aseveró Lijo ante los asistentes.
Este cambio permitió, según su mirada, que la justicia nacional pudiera reconocer la trata de personas como un delito organizado, vinculado principalmente a la vulneración de la dignidad y los derechos humanos, dejando atrás la visión limitada de explotación sexual o laboral.
Durante su intervención, Lijo insistió en la necesidad de atacar el poder económico de las redes dedicadas a la trata y explotación de personas. “El crimen organizado básicamente se combate con el flujo de fondos”, afirmó.
Asimismo, planteó que el próximo paso en la persecución penal debe centrarse en la incautación de los bienes y recursos obtenidos a través de estos delitos. “Más allá de los recursos, es la respuesta siguiente que debería dar el sistema penal en el combate real de estas organizaciones”, enfatizó.
Según Lijo, el país está atravesando una etapa de transición, pasando de una lógica centrada en el rescate de víctimas individuales a un enfoque que apunta a desarticular estructuras criminales complejas.
El juez ejemplificó este proceso con avances legislativos y judiciales, subrayando la importancia de la coordinación interinstitucional y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y sindicatos.
En este contexto, mencionó la firma de un documento internacional junto al Papa Francisco en la Academia Pontificia y la participación de ONG como La Alameda y líderes de comunidades Qom en los primeros intentos de reutilización de bienes incautados a las redes criminales.
El magistrado también compartió algunos desafíos todavía presentes en la lucha contra la trata. Recordó que, en diversas investigaciones, “las víctimas estaban muy enojadas con los tribunales, muy especialmente enojadas”, lo que reveló un desafío relacionado con la percepción y el tratamiento judicial de las víctimas.
Además, Lijo destacó la importancia de la coordinación internacional al mencionar casos investigados en la frontera argentina con Perú y Brasil, donde actividades mineras y petroleras se convirtieron en escenarios de nuevas formas de explotación.
Al repasar los logros concretos de Argentina en este ámbito, el juez señaló que el país cuenta actualmente con “más de 50 condenas por año”, lo que ubica a Argentina como “uno de los países líderes en el mundo” en materia de sentencias contra la trata de personas.
Y para finalizar, resaltó que el país fue reconocido en varias ocasiones por Naciones Unidas debido a sus políticas de reparación para las víctimas y la creación de un fondo destinado a su indemnización integral. “Avanzamos mucho, en el tema de víctimas, en la reparación integral. Eso es una iniciativa judicial, en reparación integral, en la creación de un fondo”, concluyó Lijo.