La jueza Loretta Preska solicitó a las autoridades gubernamentales que entregue información de los últimos dos años para demostrar la relación de la petrolera con el Estado y el Banco Central.
En un nuevo revés para Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, la Justicia de Estados Unidos dio un paso hacia la aplicación de embargos. La jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central (BCRA) como posibles “Alter Ego de la República Argentina”, según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue de cerca el caso.
La decisión de la jueza Preska implica que el país debe producir información de los últimos dos años para demostrar su relación con estas entidades, lo que se traduce en la presentación de un detallado informe al respecto.
En palabras de Maril, los beneficiarios del fallo que condenó a Argentina por la expropiación de YPF están buscando cobrar mediante embargos o transferencias de titularidad de las acciones, lo que obligaría al país a pagar US$16.100 millones. “Como Argentina no depositó garantías, los beneficiarios pueden pedir embargos. Para avanzar en ellos, la jueza le pidió al país una gran cantidad de información y documentos sobre sus bienes. Argentina argumenta que son bienes no embargables”, explicó.
Entre la información solicitada se incluyen acciones de YPF expropiadas a Repsol, cuentas, activos, deudas y transacciones valuadas en US$1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales, entre otros.
Los abogados argentinos rechazan la entrega de documentos argumentando que son activos sensibles por cuestiones militares, diplomáticas o consulares y, por lo tanto, no son embargables. Ante esto, los demandantes solicitaron una audiencia con la jueza Preska para declarar que algunas organizaciones son alter ego del país y que Argentina debe entregar la información.
“Preska reconoció que hay fuertes sospechas de que el Banco Central y YPF son alter ego de Argentina. Por lo tanto, ordenó al país que produzca la información necesaria para responder a los requerimientos de los demandantes”, agregó Maril.
Los beneficiarios del fallo habían señalado que Argentina eludía presentar información en el marco del proceso de discovery, donde se hacen listados de activos que podrían ser embargados. Ahora, la justicia deberá decidir sobre los embargos en base a la información presentada.
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