Las reuniones pasaban y el proyecto no avanzaba. Tras semanas de charlar con ministros provinciales, organizaciones y distintos bloques, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, este miércoles presentó el dictamen definitivo del Gobierno para reformar la Ley de Salud Mental.
Junto a las libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, la ex ministra de Seguridad reunió a la prensa en su despacho para mostrar los lineamientos finales de la iniciativa. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, anunció.
Bullrich destacó la incorporación de equipos interdisciplinarios: psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados. También el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas, la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud. Continúa la prohibición para crear manicomios. Y se añaden puntos clave, como la protección de menores y la consideración de otras adicciones, como la ludopatía.
Patricia Bullrich presentó el dictamen final del proyecto de reforma de salud mental.
Victoria Urruspuru / El Observador
A su vez, señaló que se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas en zonas donde no hayan especialistas disponibles.
Salud mental: el poroteo en búsqueda de apoyo
Arrascaeta, presidenta de la comisión de Salud del Senado, aclaró que al principio el Consejo Federal de Salud (COFESA) respondía "con un no rotundo" al proyecto del Gobierno, mientras que para este nuevo dictamen "hoy se puede decir lo contrario".
A su turno, Bullrich añadió que se han acercado senadores del Partido Justicialista, que han sido ministros de Salud anteriormente, para hacer sus aportes y emitir sugerencias. En rigor, se refirió a Juan Manzur, el tucumano que encabezó el Ministerio de Salud de la Nación desde 2009 a 2015.
Es por esto que creen que habrá un amplio apoyo a esta iniciativa. La idea sería dictaminarla la próxima semana y llevarla al recinto cuanto antes junto a otros proyectos que están en plena cocción, como sería aquel para regular el mercado de carbono (de Flavia Royón).
Reforma de salud mental: los puntos clave
1. Internaciones y control judicial
Se elimina la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. El juez podrá pedir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada.
Se mantiene la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas de la internación.
Para internaciones voluntarias que superen los 60 días, se elimina la obligación de informar al juez y su evaluación en cinco días. Se mantiene la comunicación al Órgano de Revisión.
Si un solo médico decide una internación excepcional por riesgo grave, el plazo para revalidarla mediante un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.
Las tres senadores aclararon ante la prensa que si la internación no se realiza en el lugar especifico donde atiende la obra social del paciente, va a haber un mecanismo de compensación con el hospital o clínica. Además, Bullrich añadió: "Una internación involuntaria no es tan común como se piensa; son pocos casos, un número bajo, como mucho 150 casos".
2. Cambios en los equipos de atención
Se habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta sincrónica para un mayor alcance, entendiendo que estos profesionales se concentran en las grandes urbes y no tanto en el interior del país.
Para indicar internaciones, se reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo.
Se reconoce al psicólogo en la evaluación y efectivización del alta.
Y se restituyen la capacitación permanente y la protección de la salud de los trabajadores.
3. Financiamiento para las provincias
Se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental.
El objetivo es preservar el respaldo normativo al financiamiento de estas políticas en las jurisdicciones.
4. Adicciones
Se mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las vinculadas con sustancias como las que no las involucran.
Se elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales.
La redacción contempla no solamente adicciones a las sustancias, sino también problemáticas como la ludopatía.
¿Qué va a pasar con el proyecto para regular la Ludopatía? Esta fue una duda que se despertó en el despacho de Bullrich; cabe recordar que dicha iniciativa se encuentra frenada hace meses y no parece que verá la luz en este año legislativo, al menos. La senadora libertaria explicó ante esto que el 85% de los casos de ludopatía va por plataformas legales, el problema es cómo uno trata la informalidad.
5. Obligaciones de las familias
La referencia a los familiares obligados se limita a padres e hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes.
Se exceptúa a las familias que no estén en condiciones de cumplir esas obligaciones.
Se explicita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Se incorporan derechos de las familias a recibir información, orientación y herramientas de autocuidado, y a ser escuchadas.
6. Atención de menores con adicciones problemáticas
Se incorpora un régimen específico para niños y adolescentes, con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos.
Se contemplan la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y el abordaje familiar y comunitario.
La internación en unidades de adultos queda restringida a casos en los que se acredite que no hay otra posibilidad, por el tiempo mínimo indispensable.
7. Manicomios y dispositivos comunitarios
Se prohíbe la creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales.
Se restituye un catálogo de dispositivos de atención, entre ellos atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral.
Se refuerzan las políticas de promoción y prevención.
8. Internaciones prolongadas
Se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo.
Se considera prolongada la internación que supere los 180 días, consecutivos o acumulados por reinternaciones durante dos años.
En esos casos, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio de manera inmediata.
Se exceptúan los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social.
Se crea un registro de internaciones prolongadas.
9. Directivas anticipadas
Se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo.
Las directivas deberán respetarse, salvo que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
Polémica con la "Ley Malvinas". En el artículo 111, se busca penalizar con cinco a 12 años de prisión (y hasta 15 con agravantes) a quienes ejecuten campañas masivas de desinformación o sabotaje con financiamiento o respaldo de agentes extranjeros.
Resistencia opositora. La oposición y sectores de la prensa califican como una amenaza directa a la libertad de expresión y piden corregir la redacción (para que sea más específica) o eliminar el artículo.
Control legislativo. Para destrabar el tratamiento, diputados de La Libertad Avanza además contemplan crear una comisión bicameral en el Congreso que supervise al Consejo de Seguridad Nacional propuesto por Javier Milei.
Tensión por la infraestructura crítica. El proyecto le otorga al Estado la potestad de auditar, custodiar o intervenir redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones; AmCham solicitó un esquema de cooperación voluntario, pero la iniciativa propone un control de seguridad e inteligencia centralizado.
Multa de $100.000 por día. El juez Martín Cormick hizo efectivo el apercibimiento del 30 de septiembre y aplicó multas diarias a la Jefatura de Gabinete por no cumplir la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, firme desde un fallo de la Corte en junio. El expediente está en consideración de la Cámara de Apelaciones.
La defensa oficial. El Gobierno sostuvo que no estaba claro qué se incumplió y que los aumentos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 superaron el 226,46% del IPC. Mencionó una recomposición en junio, una oferta paritaria del 3% en septiembre y becas Manuel Belgrano de $187.495, y rechazó incluir otros programas.
Por qué el juez vio desobediencia. Cormick calculó una inflación acumulada de 312,19% hasta junio de 2026 y concluyó que no está respaldado que los salarios docentes y no docentes se hayan ajustado como manda la ley. Sobre las becas, dijo que la norma exige recomponer todos los programas (Progresar, Enfermería y otros), no solo el Manuel Belgrano.
Recorte. El Fondo Monetario Internacional proyectó que la economía crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y ratificado en julio.
Precios. Además, elevó su cálculo para la inflación promedio anual de este año: espera un alza de 32,5%, frente al 30,4% que había estimado seis meses atrás.
Proyección. Para 2027, el Fondo proyecta una expansión de 3,5% y una inflación promedio de 21,2%.
Trabajo. También prevé que la tasa de desempleo alcance el 7,6% en 2026 y se reduzca al 7,1% el año próximo.
