El procurador general respaldó la apelación de la fiscalía que reclama agravar de 6 a 12 años de cárcel la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Casal respaldó el pedido de condena a Cristina Kirchner por asociación ilícita en la causa Vialidad
El procurador general interino ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, respaldó este jueves en un dictamen entregado al máximo tribunal del país, la apelación de la fiscalía que reclama agravar de 6 a 12 años de cárcel la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Lo que importa sobre Cristina Kirchner y la causa Vialidad
Villar pide que se duplique la pena de 6 años de cárcel que le impuso un Tribunal Oral y confirmó la Cámara Federal de Casación.
“La sentencia se limitó a reproducir los argumentos del tribunal oral, sin dar una respuesta concreta a los agravios del apelante”, advirtió Casal en su dictamen.
Según informó la revista Quorum, Casal consideró que hubo asociación ilícita y que Casación “satisfizo de manera aparente su función revisora, con lesión al derecho de defensa” porque no se dio respuesta a los argumentos planteados por Villar en su recurso ante esa instancia.
En el dictamen, que no es vinculante y que ya está para su análisis en la Corte Suprema, respaldó al fiscal ante Casación Mario Villar, quien consideró que debe agravarse la condena a la ex presidenta impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación. También dictaminó que debe quedar firme la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con la firma del dictamen la Corte queda desde ahora en condiciones de comenzar a analizar si abre o no las quejas presentadas por la fiscalía y la defensa de la ex presidenta y otros condenados.
Se trata de la investigación por la adjudicación a empresas vinculadas al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo.
Contexto
El caso Vialidad refiere a la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con el empresario Lázaro Báez como principal beneficiario. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión por administración fraudulenta, pero la absolvió del cargo de asociación ilícita.
Sin embargo, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, apeló esta decisión y reclamó que se incluya el delito de asociación ilícita, se agraven las penas y se reviertan las absoluciones. Ahora, esa postura sería respaldada por Casal ante la Corte Suprema en un dictamen que no es vinculante.
Casal también respaldó otros puntos de la apelación fiscal para que se condene por asociación ilícita a Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional José Periotti, y que se reviertan las absoluciones del ex ministro Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de Héctor Garro, ex funcionario provincial de Santa Cruz.
Cómo sigue
La Corte Suprema no tiene plazos para decidir y se abren tres caminos posibles una vez que reciba el dictamen:
Rechazar la presentación de Casal y las apelaciones de las defensas: en este caso, las condenas quedarían firmes y ejecutables, incluyendo la inhabilitación perpetua. Cristina Kirchner quedaría impedida de postularse y podría ser detenida, aunque podría solicitar el arresto domiciliario por su edad (72 años), como contempla la ley para personas mayores de 70. Sin embargo, la edad no es el único factor para el beneficio y muchas veces los jueces lo rechazan porque entienden que el condenado puede cumplir su pena en cárcel común. En su caso, el Tribunal Oral Federal 2 sería el responsable de la etapa de ejecución de la pena.
Aceptar los recursos de las defensas y absolver a los acusados: este escenario anularía la condena y habilitaría a Cristina Kirchner para ser candidata sin impedimentos judiciales.
Aceptar la postura de Casal y en ese caso, se abre posibilidad de que se ordene un nuevo fallo en Casación: sSi la Corte determina que la negativa a aplicar la figura de asociación ilícita no fue debidamente fundamentada, podría enviar el caso de vuelta a la Cámara Federal de Casación Penal. Así, el proceso seguiría abierto y sin sentencia firme, lo que también habilitaría una candidatura de la ex presidenta.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
