Javier Milei está en el ojo de la tormenta por la estafa cripto $Libra.
El escándalo por la presunta estafa cripto $Libra suma capítulos de tensión, pero avanza a paso lento en el ámbito judicial.
A poco más de un año del tuit que desató el escándalo, la causa por la presunta estafa cripto $Libra volvió al centro de la escena política y judicial con nuevas revelaciones que tensan al Gobierno y reavivan las dudas sobre el alcance real de la investigación.
En las últimas horas se filtraron desde los medios de comunicación chats, contratos y movimientos financieros, la oposición pidió formalmente explicaciones y la causa avanza, aunque con un dato clave: ni el presidente Javier Milei ni su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, están hoy imputados.
El caso se originó en febrero de 2025, cuando el Presidente difundió el polémico proyecto en redes: el precio se multiplicó en minutos y se desplomó horas después, en una maniobra que especialistas comparan con esquemas de tipo “pump and dump”.
A pesar de su escueta defensa pocos días después, cuando Milei aseguró que no "promocionó" la estafa sino que simplemente la "difundió", las últimas pericias judiciales sobre el celular del empresario Mauricio Novelli -uno de los nombres centrales del caso- dejaron al descubierto un presunto entramado más complejo de lo que se conocía.
Entre los hallazgos figura un supuesto acuerdo por hasta 5 millones de dólares entre Mauricio Novelli y Hayden Davis, que incluía la promoción del activo digital por parte de Milei.
Además por registros de llamadas y mensajes previos y posteriores al lanzamiento del token se detectaron comunicaciones con el entorno presidencial y con el propio Milei. Según los registros telefónicos, Novelli se comunicó más de 7 veces el Presidente y otras casi 30 veces repartidas entre Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel, contabilizando un total de más de 35 llamados.
Todo esto, sumado a transferencias millonarias vinculadas al momento en que la criptomoneda se disparó y luego colapsó, dejando pérdidas a miles de inversores.
En paralelo, se abrió una segunda investigación que agrega ruido político: la filtración de información sensible del expediente.
Según explicó el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, se investiga cómo datos reservados -incluido material peritado- salieron de un organismo oficial, presuntamente la Procuración, y llegaron a manos de medios de comunicación opositores al Gobierno nacional.
La hipótesis es que una persona no autorizada accedió a los archivos y los difundió, lo que para el Gobierno constituye un hecho “gravísimo”. Este punto es clave: el foco no solo está en el contenido de las pruebas, sino en quién y con qué intención las hizo públicas, en medio de la presión política sobre la causa.
Juan Bautista Mahiques brindó el lunes por la noche una entrevista televisiva en la cual salió a marcar posición con un doble mensaje: defensa del Presidente y cuestionamiento al clima político.
Por un lado, consideró “imprudente” que sectores de la oposición atribuyan delitos a Milei sin que exista imputación formal. Por otro, apuntó contra la comisión investigadora del Congreso por sus conclusiones anticipadas y puso el foco en la filtración: insistió en que se trata de un hecho grave que debe investigarse en paralelo.
La causa judicial gira en torno a una posible estafa vinculada al lanzamiento y colapso de $Libra, que habría generado pérdidas millonarias a inversores.
Se investiga si hubo: maniobras fraudulentas en la creación y promoción del token; uso de información privilegiada; y posibles vínculos entre empresarios y funcionarios.
Sin embargo, el dato político central es otro: ni Javier Milei ni Karina Milei están imputados en el expediente, aunque sí aparecen mencionados en distintas líneas de investigación.
El expediente avanza, pero más lento que el escándalo. Las revelaciones suman presión, ya que la oposición habla de encubrimiento, mientras el Gobierno denuncia operaciones.
En el medio, $Libra dejó de ser solo un episodio cripto: se convirtió en un test político y judicial sobre hasta dónde puede llegar una investigación que, por ahora, rodea al poder sin tocarlo de lleno.
La Comisión Especial Investigadora del token de la Cámara de Diputados definió interpelar a los funcionarios y denunciar al fiscal Eduardo Taiano por aparente entorpecimiento.
Durante una conferencia de prensa realizada el lunes, los diputados Maximiliano Ferraro, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino, Sabrina Selva, Itai Hagman, Esteban Paulón, Mónica Frade, Julia Strada, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Germán Martínez y los exdiputados nacionales Oscar Agost Carreño y Christian Castillo, dieron a conocer algunos elementos probatorios en la causa y las medidas que se tomarán desde el cuerpo.
Ferraro explicó a El Observador que se están ultimando los detalles de las dos denuncias contra Taiano: una por presunto entorpecimiento del pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación en el marco de esta investigación, y la otra por el supuesto encubrimiento de los hechos denunciados, por lo cual se le pediría al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que lo aparte del caso.
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