El líder piquetero está acusado de defraudar al Estado. Fue llamado por el juez federal Sebastián Casanello a una audiencia que tendrá lugar el próximo 26 de junio.
El juez federal Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni para el 26 de junio, junto a una extensa lista de dirigentes sociales a lo que se les atribuye el delito de administración infiel sobre el dinero que manejaban del plan Potenciar Trabajo y el delito de extorsión sobre beneficiarios de planes sociales. La sospecha es que utilizaban el programa de ayuda social "con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones".
La causa investiga los movimientos millonarios de las agrupaciones piqueteras, provenientes de fondos que provenía del Estado nacional, y el pasado 11 de mayo el juez había ordenado una serie de allanamientos. Dos de los espacios involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.
"Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas 'Asociación Polo Obrero' y 'Cooperativa El Resplandor Ltda.', habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa 'Potenciar Trabajo'", sostuvo el juez Casanello en el llamado a indagatoria.
El magistrado dictó la declaración indagatoria, junto a Belliboni, a otros referentes del Polo Obrero: a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el día 12 de junio; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el día 13 de junio; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el día 18 de junio y Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el día 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para 25 de junio.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
El juez Casanello consideró que está probado en la causa el uso de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, "para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos". Esto podría representar operaciones de lavado de activos.
Se trató -continuó desarrollando el magistrado- de montos significativos “que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”. Es decir: “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, argumentó Casanello.
El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros- “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
