Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, impulsor de los exámenes de idoneidad.
La intención del gobierno es evaluar a 40 mil empleados que deben renovar su contrato a fines de diciembre
El Gobierno pondrá en marcha parte del plan denominado “Deep motosierra” que incluye una tanda de exámenes de idoneidad a empleados estatales. En este caso los afectados serán 40 mil empleados cuyos contratos vencen a fin de mes.
En las próximas horas el Ejecutivo dará a conocer los detalles del test. El Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger será el encargado de publicar las condiciones bajo las que se realizará el examen. Según pudo saber El Observador será una prueba presencial, de complejidad diferenciada y que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.
El examen tiene carácter obligatorio, pero habrá algunas excepciones. No lo tendrán que hacer aquellos empleados que se encuentren bajo el régimen de planta permanente, tampoco quienes vivan en el interior o acrediten algún tipo de discapacidad.
Aquellos empleados públicos que no aprueben el examen no tendrán la posibilidad de renovar los contratos. Pese a esta determinación, desde el Ejecutivo aseguran que no se trata de una medida para avanzar en la reducción de personal, sino que lo que se busca es profesionalizar la estructura estatal.
En ese marco, desde le ministerio de Desregulación aclararon que antes de dar de baja un contrato los empleados contaran con tres instancias de evaluación.
Más allá de las explicaciones que surgen desde los distintos estamentos del Estado, tanto ATE como UPCN, los dos gremios que representan trabajadores del Estado, hicieron públicos su rechazo a la política que intenta implementar el Gobierno de Javier Milei.
UPCN, mediante un comunicado, difundido en las últimas horas expresó su “repudio al sistema de avaluación pública”.
El gremio que conduce Andrés Rodríguez señaló: “expresamos nuestro más enérgico repudio al Sistema de Evaluación Pública (SEP), una propuesta que – lejos de cumplir con los estándares de una evaluación seria y pertinente- se presenta como un mecanismo improvisado que vulnera los derechos laborales”.
En el texto, UPCN, también señala que “a una semana de su implementación, no existe normativa clara que respalde esa evaluación y evidencia la falta total de planificación y transparencia”.
Por otra parte, fuera de micrófono y del comunicado, desde el gremio señalan que más allá de la intención de avanzar con despidos, la posibilidad de dejar sin trabajos a empleados que ya cuentan con más de cinco años de antigüedad es casi nula. “Es fulbito para la tribuna”, concluyen.
Por su parte, desde ATE, el más combativo de los gremios estatales, aseguran que “estos exámenes son un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal. Las tareas que con profunda vocación de servicio realizan los estatales todos los días son la mejor muestra de idoneidad”.
Pese a la postura de los gremios, el Ejecutivo está dispuesto avanzar con el esquema que ya tiene planificado. En medio de la discusión por los exámenes, ATE realizará este jueves un nuevo paro con movilización en contra del ajuste que lleva adelante el Gobierno.
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