Contra la voluntad de la AFA, el Gobierno de Javier Milei avanza con las sociedades anónimas deportivas
Pese a la negativa de "Chiqui" Tapia, se publicó este miércoles la reglamentación del DNU 70/2023 por parte de la Inspección General de Justicia, que habilita a las asociaciones civiles a transformarse y recibir capitales privados
El Gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles en una medida que seguirá generando polémica en el mundo del fútbol: con la publicación de la reglamentación por parte de la Inspección General de Justicia del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 -de diciembre pasado, que habilitó las polémicas Sociedades Anónimas Deportivas-, autorizó la transformación de los clubes en sociedades anónimas y permitió el ingreso de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas, dando un paso más en la apertura del fútbol al ingreso de capitales privados.
El DNU 70, con el que Javier Milei dio inicio a la apertura de la economía, estableció la autorización para que los clubes, de manera voluntaria, puedan recibir aportes de capitales privados y el ingreso de empresas al gerenciamiento de las entidades del fútbol. El procedimiento para los clubes será voluntario, y deberá tener el voto de los dos tercios de los asociados.
"Chiqui" Tapia saluda a Lionel Scaloni este domingo, en la consagración de la selección argentina en la Copa América Estados Unidos 2024
La semana pasada, el presidente volvió a poner el tema en agenda al publicar en sus redes sociales un gráfico en el que se señalaba la cantidad de jugadores de la selección nacional que se desempeñan en club que son sociedades anónimas. “Pregunta técnica: si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC”, afirmaba el posteo de Milei.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza, rechaza la posibilidad de que los clubes se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas: lo hizo en declaraciones públicas, pero también en resoluciones formales votadas por la asamblea, y respaldando recursos judiciales para bloquear su puesta en vigencia. Sin embargo, existe también un sector dentro del organismo del fútbol argentino que apoya un esquema de privatización parcial: lo promueve el presidente de Estudiantes, Sebastián “Bruja” Verón.
Según la visión del gobierno, el modelo de apertura e ingreso de capitales privados a los clubes tiene dos ventajas: por un lado, el presidente sostuvo que inversionistas internacionales que rápidamente podrían invertir entre USD 3.000 y USD 4.000 millones, lo que en momentos de dólares escasos sería una gran ayuda a las finanzas gubernamentales. Pero además, el ingreso de capitales transformaría el escenario actual, caracterizado por clubes pobres y dirigentes ricos, además de ventas prematuras de jugadores, que migran hacia Europa, Estados Unidos o, incluso, Brasil cada vez más jóvenes.
El dirigente del fútbol y presidente de LaLiga de España Javier Tebas, junto al entonces asesor presidencial Federico Sturzenegger, el secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente Daniel Scioli, la diputada libertaria Juliana Santillán y el empresario World Eleven, Guillermo Tofoni. El dirigente español llegó junto a Marc Terradas y Leticia Zuloaga.
La llegada de Federico Sturzenegger al gobierno, en cabeza del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, parece haber significado una aceleración en las desregulaciones que Milei busca implementar a nivel macroeconómico. En mayo pasado, Sturzenegger había participado de una reunión con el presidente de La Liga de España, Javier Tebas, junto con el secretario de Deportes y Turismo Daniel Scioli, el subsecretario de la misma cartera Julio Garro, y la diputada libertaria Juliana Santillán.
En medio de la euforia por la obtención de la Copa América, el mundo del fútbol argentino muestra una fuerte resistencia, con una ofensiva judicial que por el momento no ha logrado ningún fallo que suspenda la aplicación del decreto de Milei .
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
