La ex presidenta continuará con las condiciones de detención actuales. La Cámara de Casación ratificó la tobillera electrónica y las restricciones para visitas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, que Cristina Kirchner continuará bajo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Además, la ex presidenta deberá seguir usando la tobillera electrónica que controla su ubicación, decisión tomada luego de analizar el pedido de la defensa para levantar las restricciones impuestas, así como la solicitud del fiscal Mario Villar de modificar el domicilio de detención por razones de seguridad.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificaron las condiciones impuestas por el tribunal que ejecuta la pena, mientras que el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, planteando la retirada de la tobillera electrónica.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el caso Vialidad. Aunque la defensa solicitó el levantamiento de las medidas, el tribunal confirmó que no hay motivos para cambiar las condiciones de la detención. Un informe socioambiental realizado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal avaló la permanencia de Kirchner en su actual domicilio. Los jueces destacaron que las situaciones previas que afectaban la tranquilidad del barrio ya no están vigentes desde el 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena.
El tribunal subrayó que no hay razones para un cambio de domicilio inmediato, pero dejó abierta la posibilidad de evaluar alternativas en el futuro si la situación lo requería.
Uno de los puntos clave fue la necesidad de que la expresidenta siga usando la tobillera electrónica. La defensa, a través del abogado Carlos Beraldi, argumentó que el dispositivo era innecesario debido a la custodia policial permanente en su domicilio. Sin embargo, el fiscal Villar insistió en que la tobillera es una medida estándar en el cumplimiento de penas bajo arresto domiciliario, especialmente en casos de corrupción.
Los jueces mayoritarios, Hornos y Barroetaveña, respaldaron el uso del dispositivo, considerando que es complementario al control judicial del cumplimiento de la pena. A su vez, Borinsky votó en disidencia, señalando que la custodia policial ya garantizaba un control suficiente y que no había riesgo de fuga, dada la alta visibilidad pública de Kirchner. El juez Borinsky también argumentó que las tobilleras deberían ser un recurso reservado para casos realmente necesarios.
Respecto al régimen de visitas, los jueces confirmaron que Cristina Kirchner continuará con la exigencia de solicitar autorización judicial previa para recibir a personas fuera de la lista de visitas aprobadas. La defensa había solicitado la flexibilización de esta medida, considerando que era una restricción excesiva de los derechos de la ex presidenta. No obstante, los jueces Hornos y Barroetaveña indicaron que las restricciones responden a una cuestión de seguridad personal, dada la exposición pública de Kirchner y los riesgos asociados a su integridad física.
Por su parte, Borinsky opinó que la autorización judicial para las visitas era desproporcionada, pero los jueces mayoritarios consideraron que la flexibilización excesiva podría afectar la eficacia del cumplimiento de la pena y enviar un mensaje erróneo respecto a la aplicación de la justicia en casos de corrupción.
Los jueces que votaron a favor de mantener las condiciones impuestas destacaron que las medidas no solo buscan el control de la pena, sino también enviar un mensaje claro a la sociedad sobre el rechazo a la corrupción. Según Hornos y Barroetaveña, estas medidas son fundamentales en un caso de corrupción que causó un grave perjuicio al Estado, y subrayaron que la sanción tiene una dimensión institucional y debe reflejar el compromiso del sistema judicial con la justicia y la transparencia.
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