El 2026 será un año clave para YPF.
El juicio por la expropiación de YPF entra en una etapa decisiva: sin desacato, con el discovery en disputa y a la espera del fallo de apelación.
El litigio por la expropiación de YPF atraviesa una etapa clave y volverá a ocupar un lugar central en la agenda judicial, financiera y política de la Argentina durante 2026. El hecho más significativo este año ocurrió el 15 de agosto, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes, permitiendo que se resuelva la apelación de fondo sin la ejecución inmediata de la sentencia.
Con una condena de primera instancia por más de US$16.000 millones aún en revisión y medidas procesales en curso en los tribunales de Nueva York, el caso combina disputas legales sensibles y una definición de fondo que todavía está pendiente, que es muy probable que tampoco se termine de resolver este año. En este escenario conviven dos procesos paralelos: el debate en torno al alcance del discovery ordenado por la jueza Preska y la espera por el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
En medio de versiones que circularon en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación negaron de manera categórica que la Argentina se encuentre en desacato. Según explicaron fuentes oficiales, el país está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes y cualquier afirmación en sentido contrario “carece de sustento jurídico”.
El foco de la controversia está puesto en el discovery, que incluye el acceso a comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado remarcaron que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense.
Aun así, aseguraron que la Argentina actúa de buena fe: se realizaron entregas parciales y periódicas de información y se avanzó en la obtención del consentimiento de las personas alcanzadas por el requerimiento. De acuerdo con la Procuración, la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios involucrados colaboró de manera voluntaria.
Otro punto que el Gobierno buscó desactivar fue la posibilidad de sanciones judiciales. Desde la Procuración del Tesoro afirmaron que hablar de desacato es “absolutamente falso” y señalaron que, a partir del 15 de enero, ambas partes acordaron un cronograma procesal para el intercambio de escritos. Según explicaron, cualquier decisión futura dependerá exclusivamente de la evaluación del tribunal y no de especulaciones externas. En ese marco, calificaron como una “operación mediática irresponsable” las versiones que anticipan sanciones o consecuencias inmediatas para el país.
Desde la defensa argentina también interpretan el avance del discovery como una estrategia de la parte actora para ganar tiempo y desviar la atención de un momento adverso en el litigio, en un contexto en el que el fondo Burford, financista de la demanda, atraviesa una caída significativa en el valor de sus acciones.
Más allá de las discusiones procesales, la clave del juicio por YPF está puesta en la decisión pendiente de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo dictada en primera instancia en septiembre de 2023. Ese fallo, que puede conocerse en cualquier momento, tiene el potencial de redefinir todo el escenario.
Desde la defensa argentina sostienen que una resolución favorable podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena multimillonaria. En caso contrario, el expediente avanzaría hacia una nueva etapa, con foco en la ejecución del fallo y eventuales negociaciones. Y esto sin contar que la resolución del juicio podría terminar con un fallo de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que bien podría demorar un año más.
Por eso, 2026 aparece como un año bisagra y donde habrá muchas definiciones del mayor litigio internacional que enfrenta la Argentina. El desenlace del caso no solo tendrá impacto judicial, sino que también condicionará la estrategia financiera, la relación con los mercados y el margen de maniobra del Gobierno en un contexto de vencimientos de deuda y búsqueda de inversiones.
El acuerdo técnico entre las petroleras argentina e italiana marca el inicio de una inversión estratégica que proyecta exportaciones por USD 14.000 millones anuales.
En 2023, la producción era de 110.000 barriles diarios. Hoy, esa cifra casi se duplicó, consolidando a YPF como líder en recursos no convencionales.
VMOS exportaría petróleo desde marzo de 2027. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anticipó que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur comenzaría a exportar en marzo, luego de las tareas de llenado previstas para enero y febrero.
Argentina LNG iniciaría sus obras en febrero. El proyecto de gas natural licuado impulsado por YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG prevé comenzar su etapa de construcción en febrero de 2027, según el cronograma anunciado por Marín durante la AOG Patagonia 2026.
La decisión final de inversión se espera para noviembre. Marín anticipó que la firma del FID (Final Investment Decision) está prevista para el 26 de noviembre de 2026. Según lo informado, los 28 contratos del proyecto están terminados y los socios trabajan en los últimos ajustes.
Dos proyectos para ampliar la capacidad exportadora. VMOS busca aumentar el transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica, mientras que Argentina LNG contempla el desarrollo de pozos, plantas de tratamiento, gasoductos, poliductos e instalaciones para exportar gas natural licuado. Ambos proyectos forman parte de la estrategia para ampliar las exportaciones energéticas argentinas.
Fallo. La jueza Loretta Preska cerró formalmente el expediente en primera instancia y dejó sin efecto su fallo de 2023, que condenaba a la Argentina a pagar más de U$S 16.000 millones por la expropiación de YPF.
Esperable. La decisión cumple con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo revocó la condena y falló a favor del Estado argentino.
Lo próximo. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el pedido de Burford Capital para revisar el fallo. No está obligada a tratar el caso y no hay plazos definidos.
Otro reclamo. En paralelo, Burford inició acciones ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial, por el reclamo vinculado a la expropiación de 2012.
