La oposición impulsa una sesión especial en Diputados y busca rechazar los vetos de Javier Milei.
Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, Diputados insistió con la norma que actualiza aranceles y crea una pensión no contributiva.
La oposición logró ayer rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados y le propinó al gobierno de Javier Milei otra derrota legislativa. La insistencia obtuvo 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones, superando ampliamente los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial.
La norma, que actualiza los aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, había sido vetada por el Ejecutivo debido a su impacto fiscal. El Gobierno calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59% del PBI), aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto menor, de entre 0,26% y 0,46% del PBI.
El resultado superó las expectativas más optimistas de la oposición. En la votación original de julio, la norma había obtenido 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, quedando a solo un voto de los dos tercios necesarios. Esta vez, la insistencia sumó 24 votos adicionales, evidenciando el desgaste del oficialismo en el armado legislativo.
La victoria opositora se construyó sobre una base heterogénea que incluyó a antiguos aliados de La Libertad Avanza que quedaron relegados en el último cierre de listas nacionales. Oscar Zago y Eduardo Falcone, del bloque MID, habilitaron la votación tal como habían anticipado. Zago, quien fue jefe del bloque LLA al inicio del gobierno y luego salió eyectado por tensiones con Martín Menem, presidente de la Cámara, se convirtió en una pieza clave de la estrategia opositora.
También el PRO aportó cuatro votos afirmativos para habilitar la discusión, a pesar del acuerdo electoral firmado con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Los larretistas Héctor Baldassi y Álvaro González, junto a Sofía Brambilla y Ana Clara Romero, respaldaron la iniciativa.
El bloque Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, contribuyó con otra media docena de votos fundamentales, exponiendo las tensiones persistentes entre el gobierno nacional y las provincias por el reparto de fondos y el armado electoral.
"Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El Presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que es un 0,03% del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6%!", afirmó Pablo Juliano, diputado de Democracia para Siempre.
Por su parte, el libertario Santiago Santurio defendió la posición oficialista: "Si rompemos el superávit lo que vamos a terminar haciendo más kirchnerismo, como muchas leyes que hablaban de ayudar a los más pobres pero lo que terminaron haciendo es perjudicarlos. El kirchnerismo está dispuesto a prender fuego el país para gobernar sobre las cenizas pero no lo vamos a permitir".
Media hora antes de que comenzara la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de las redes sociales que el Gobierno "está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad". La maniobra, destinada a fracturar la mayoría opositora, no logró su objetivo.
"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo", había declarado Adorni. El anuncio reconocía implícitamente la necesidad de actualizar las prestaciones, pero llegó demasiado tarde para modificar el escenario legislativo.
Con este resultado, el gobierno ve fracturado el "escudo de los 87 héroes", como había denominado a su bloque legislativo. La derrota expone la fragilidad parlamentaria del oficialismo y marca un punto de inflexión en la relación de fuerzas en el Congreso. Ahora la definición pasa al Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama aún más adverso que en Diputados. La Cámara Alta debe tratar la insistencia, y de aprobarla, la ley quedaría promulgada automáticamente, convirtiéndose en la primera norma en ser sancionada por encima del veto presidencial desde que Milei asumió el poder.
La ley establece que las pensiones por invalidez laboral ya vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión por discapacidad, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También apunta a regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores, un problema que se arrastra desde administraciones anteriores.
La sesión continuará con otros puntos críticos en agenda, incluyendo el aumento jubilatorio del 7,2% que elevaría el bono de $70.000 a $110.000, la emergencia en Bahía Blanca por las inundaciones de marzo, y la coparticipación de ATN e ICL que impulsan los 24 gobernadores.
El temario incluye dos iniciativas que unieron a los 24 gobernadores: coparticipar ATN e ICL y eliminar fideicomisos. Ambos proyectos ya tienen media sanción del Senado. La Casa Rosada negocia a contrarreloj para desactivar esta ofensiva y evitar un nuevo frente de desgaste político, con una contrapropuesta que generó división entre los legisladores de los mandatarios. Si se modifican los textos mayoritarios, estos deben regresar al Senado para convertirse en ley.
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