Diputados busca sancionar la reforma de los DNU entre denuncias de inconstitucionalidad

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) implican un margen de maniobra clave para Javier Milei, un presidente con clara minoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación. La oposición busca cambiar esta suerte: hoy dictaminó el proyecto que modifica su régimen en Diputados. La idea sería sesionar la semana próxima o la siguiente, y sancionar esta iniciativa.

El dictamen de mayoría es el de Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, que mantiene lo que aprobó el Senado. Luego está el de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, que modifica un punto: que el DNU no tenga un plazo para ser ratificado parlamentariamente. La Libertad Avanza colocó sus 10 firmas en el dictamen de rechazo. El PRO y el radicalismo, por su parte, mantuvieron la neutralidad y no acompañaron ninguna propuesta.

El bando violeta marcó que es un proyecto "inconstitucional y desestabilizador", el cual genera una "inseguridad jurídica". El sector opositor que lo promueve tiene intenciones de realizar el miércoles 8 de octubre una "sesión minimalista" donde los DNU sean el protagonista de la tarde.

Modificación de DNU: qué plantea

Con media sanción en el Senado, obliga al Poder Ejecutivo a conseguir la ratificación de ambos cuerpos legislativos (diputados y senadores) dentro de un plazo de 90 días. Si no se aprueban, los DNU quedan automáticamente derogados; y si una de las dos cámaras lo rechaza, ya es condición suficiente para derribarlo.

Además, plantea que la nueva norma establece que los DNU deberán abordar un solo tema específico, evitando los llamados "decretos omnibus", como el DNU 70/23 emitido por el Gobierno de Milei en diciembre de 2023.

Limitar los DNU: las denuncias por inconstitucionalidad

El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) en “circunstancias excepcionales, cuando exista situación de extraordinaria y urgente necesidad, y no sea posible seguir el trámite ordinario de las leyes”. Pueden ser revisados por el Congreso. Sin embargo, la carta magna no regula con exactitud los plazos o la forma de ese control.

Actualmente, la Ley 26.122 es la encargada de medir el tratamiento legislativo de los mismos, y la falta de ese tratamiento por parte de los diputados y senadores nacionales favorece su vigencia (es decir, si no la ratifican o rechazan se mantiene firme, lo que llaman “sanción ficta” o "sanción tácita"). El kirchnerismo, ahora, quiere invertir esa lógica que él mismo puso en marcha 19 años atrás.

La Libertad Avanza y algunos bloques cercanos denunciaron una serie de irregularidades de la iniciativa opositora que afectan la división de poderes:

• Criticaron que el plazo de 90 días es incompatible con los tiempos parlamentarios. Se plantea la posibilidad de que no haya un tiempo dispuesto o que 180 días podrían ser "más coherentes". A su vez, esto se puede interpretar como un aspecto inconstitucional debido a que la carta magna no establece un período.
• De la mano con esto, se plantea que si el Congreso impone un plazo estricto tras el cual el decreto caduca automáticamente, podría verse afectada la capacidad del Ejecutivo de adoptar medidas urgentes cuando se presentan circunstancias imprevistas.
• Se marcó que la caducidad automática podría generar una incertidumbre jurídica.
• Además, cuestionaron aquel punto que propone que los decretos caerán con el rechazo de una sola cámara.

Toda esta pelea tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos. El titular de la primera, Nicolás Mayoraz, repudió la iniciativa que impulsa un sector de la oposición: "Están generando una inseguridad jurídica. Es un proyecto inconstitucional y desestabilizador".

Además, también había marcado: "Este proyecto busca hacer un daño institucional al gobierno de Javier Milei. Bienvenido el debate sobre la modificación de una ley; pero, ahora que son oposición, quieren controlar desde el Congreso la posibilidad de que haya DNU".

La "falsa vocación republicana" del kirchnerismo

El kirchnerismo es el principal impulsor de esta reforma, pese a que fue el gobierno de Néstor Kirchner el que promovió y sancionó en 2006 la Ley 26.122. La misma establece el procedimiento de control legislativo de los DNU, delegaciones legislativas y decretos reglamentarios. De forma resumida, permite que esta herramienta se mantenga vigente aunque el Congreso no la trate nunca, lo que algunos consideran una forma de “sanción ficta”.

Fernando Iglesias, diputado del PRO cercano al Gobierno, aseguró que "los K" utilizaron esta norma para "quitarle poder al Poder Legislativo y dárselo al Ejecutivo". Recordó que tenían "23 de los 24 gobernadores y dos tercios de los intendentes cuando sacaron esta ley", pese a ello "le dieron más poder al Gobierno". Por el contrario, Milei cuenta con el 15% de los diputados y el 9% de los senadores. "¿Equilibrio de poderes o más poder para el peronismo?", criticó.

La diputada Silvia Lospennato charló con la prensa y aseguró que la ley actual debe ser modificada, pero el proyecto tiene puntos irregulares. Criticó que la reforma plantee: un plazo de 90 días, que cualquier DNU caiga si el Congreso no lo trata a tiempo y que pueda ser rechazado por una sola cámara, todo esto en simultáneo. "No estoy de acuerdo en que vaya todo junto. Además, si sale esta ley debe seguir rigiendo el 1° de enero del 2028, esté el gobierno que esté. No creo en la vocación republicana del kirchnerismo", disparó.

Orgánica a la postura del PRO, no prestó su firma para ningún dictamen. Además, recordó que su partido presentó 12 iniciativas para modificar este régimen con "criterios más coherentes". A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, la UCR en Diputados tampoco firmó este martes.