Política

Disputa judicial por la causa $LIBRA: Arroyo Salgado reclama la competencia

La jueza de San Isidro sostiene que el caso debe investigarse en su jurisdicción, ya que el posteo de Milei sobre la criptomoneda ocurrió en Olivos.

Lo que importa sobre la disputa de Arroyo Salgado por la causa $LIBRA

  • La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó a su par porteña María Servini que le remita la causa sobre la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei.
  • Como contó Revista Quórum, argumenta que el mensaje en la red social X (antes Twitter) se publicó desde la Residencia Presidencial de Olivos, que está bajo su jurisdicción.
  • La magistrada se basa en precedentes judiciales, como la causa por la fiesta en Olivos durante la pandemia y en la doctrina de la competencia territorial en delitos informáticos.
  • En su resolución, Arroyo Salgado destacó la importancia institucional del caso y la necesidad de respetar la garantía constitucional del "juez natural".
  • Mientras ambas juezas mantienen sus investigaciones, se abre un conflicto de competencia que deberá resolver la Cámara Federal de San Martín.

Contexto

¿Por qué hay dos causas abiertas sobre el mismo hecho?: El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Carlos Mussa, que ingresó al juzgado de Arroyo Salgado el lunes siguiente al posteo de Milei sobre $Libra. En paralelo, la jueza María Servini ya investigaba el tema en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde también recibió una denuncia por "agiotaje" que fue remitida por el juez penal económico Marcelo Aguinsky.

¿Cuál es la postura de cada jueza?: Arroyo Salgado sostiene que su tribunal debe llevar adelante la causa porque el mensaje de Milei fue publicado desde la Residencia de Olivos, dentro de su jurisdicción. Cita el antecedente del caso contra Alberto Fernández por la fiesta en Olivos y señala que el principio del juez natural debe ser respetado.

Por su parte, Servini no manifestó intención de desprenderse de la causa. Su investigación, delegada en el fiscal Eduardo Taiano, ya incluye allanamientos y secuestro de computadoras y celulares de algunos investigados. Además, decidió no aceptar como querellantes a los inversores damnificados, a diferencia de Arroyo Salgado, quien permitió que Martín Romeo se sume a la causa como afectado.

¿Qué dijo Arroyo Salgado en su resolución?: La jueza expuso varios argumentos para justificar su competencia. Entre ellos, destacó que la publicación en X fue realizada desde la Quinta de Olivos y que su tribunal tiene antecedentes en este tipo de casos. También advirtió que no corresponde que la Justicia Federal porteña investigue hechos ocurridos en otro distrito solo porque involucran a altas autoridades nacionales.

“Resultaría, desde mi punto de vista, acertado que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal no se apreste en asumir procesos penales que resultan extraños y ajenos a su territorio”, sostuvo en su fallo.

Cómo sigue

El conflicto de competencia puede derivar en un extenso trámite judicial. Si la fiscalía apela la decisión de Arroyo Salgado de no ceder la causa, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver.

En paralelo, si Servini decide no inhibirse, el conflicto será elevado a un tribunal superior que determinará qué juzgado debe seguir con la investigación. Mientras tanto, ambas causas avanzan en paralelo con medidas de prueba en curso.

$LIBRA: Servini acumula denuncias y ahora suma una del fuero penal económico

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky declinó la competencia en una denuncia por la criptomoneda $LIBRA e instó al Ministerio de Economía y al Banco Central a establecer canales de información que adviertan a la ciudadanía por riesgos asociados a la hora de invertir en «plataformas digitales no tradicionales».

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  • Defensa electoral. El principal objetivo del encuentro es bloquear cualquier intento del oficialismo de suspender las PASO.

  • Presupuesto 2027. Buscan consensuar una postura común frente al proyecto de Javier Milei para resguardar los intereses provinciales.

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