José Luis Espert rechazó las acusaciones de que la transferencia estuviera relacionada con actividades ilícitas.
El diputado rechazó las denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico y las calificó de “campaña sucia”. Sin embargo, los documentos bancarios y judiciales mantienen abiertas las dudas sobre el origen de los fondos que recibió.
José Luis Espert salió ayer a defenderse de las acusaciones que lo vinculan con "Fred" Machado, empresario acusado de narcotraficante, en medio de un escándalo que sacudió al oficialismo y abrió un fuerte frente político de cara a las elecciones del 26 de octubre.
“Es una campaña sucia del kirchnerismo”, aseguró el diputado y candidato, al tiempo que anticipó acciones judiciales contra Juan Grabois, quien presentó la denuncia en su contra. Pese a la ofensiva discursiva, los cuestionamientos no cesan. El caso, que involucra transferencias por 200.000 dólares, vuelos privados y nexos con empresarios procesados en Estados Unidos, puso en jaque a uno de los principales referentes económicos del oficialismo.
El eje más comprometedor de la denuncia contra José Luis Espert combina movimientos financieros poco claros con viajes compartidos junto al empresario Federico “Fred” Machado. En un inicio, el diputado negó de manera tajante haber recibido fondos de su parte. Pero una investigación periodística de La Nación reveló que en los registros del Bank of America figura efectivamente una transferencia por 200.000 dólares a nombre de Espert. El pago se realizó a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada a Debbie Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada en Estados Unidos por lavado de dinero.
Ante la evidencia, Espert intentó justificar la operación como un adelanto de honorarios por un supuesto trabajo de asesoría económica para Minas del Pueblo S.A., una empresa minera radicada en Guatemala. Sin embargo, hasta el momento no presentó contrato alguno ni constancias de exportación de servicios que respalden esa versión.
El caso se vuelve aún más complejo al incluir la dimensión aeronáutica. Durante la campaña presidencial de 2019, Espert y Machado compartieron al menos 35 vuelos privados en aviones de la firma JF Aircorp Inc., utilizada por el economista para sus traslados políticos. El propio diputado solo había reconocido públicamente uno de esos viajes. Lo llamativo es que en el registro bancario de Bank of America aparece directamente la matrícula del jet Challenger N28FM, el mismo en el que ambos volaron, asociada al pago de los 200.000 dólares.
Ese cruce de dinero y logística aérea genera más preguntas que respuestas: ¿por qué un avión privado figura vinculado al pago bancario?, ¿fue realmente un contrato de asesoría o un mecanismo para encubrir otras transacciones? Hasta ahora, la defensa de Espert no logró despejar estas incógnitas, y la combinación de fondos sin respaldo y vuelos compartidos refuerza el cuadro de sospechas que lo rodea.
La estrategia de José Luis Espert para explicar su relación con Federico “Fred” Machado ha estado marcada por idas y vueltas que alimentaron aún más las sospechas. En un primer momento, el diputado negó categóricamente la existencia del dinero, asegurando que no había recibido fondos de parte del empresario ni de empresas asociadas. Pero cuando los registros del Bank of America confirmaron la transferencia de 200.000 dólares, el discurso cambió: Espert reconoció el pago, aunque lo justificó como un adelanto por servicios de asesoría económica para una compañía minera en Guatemala.
El argumento, sin embargo, no cerró del todo. Según el propio Espert, el trabajo nunca llegó a concretarse porque “estalló la pandemia” en 2020 y los proyectos quedaron en suspenso. Pese a ello, el dinero no fue devuelto y tampoco hubo constancia formal del contrato ni documentación que acredite la exportación de servicios, un requisito básico en este tipo de operaciones internacionales. Más tarde, en otra pirueta discursiva, sostuvo que recién en 2021 se enteró por los medios de comunicación de las acusaciones penales contra Machado, lo que explicaría por qué hasta ese momento no había cuestionado el origen de los fondos.
El problema es que, aun aceptando esa versión, persiste un interrogante difícil de despejar: ¿por qué aceptaría un monto tan elevado sin garantías contractuales ni pruebas de que el trabajo se realizaría efectivamente? La cifra, para muchos especialistas, resulta desproporcionada en comparación con el tipo de asesorías que Espert dijo haber ofrecido. Y más aún, ¿por qué mantener en su poder un pago de 200.000 dólares por un proyecto que nunca se concretó? La sucesión de respuestas evasivas, sumada a la ausencia de documentación respaldatoria, dejó a su defensa en un terreno frágil y lleno de contradicciones.
El presidente Javier Milei salió a respaldarlo, acusando a la oposición de montar una operación y minimizando el caso como “chismes de peluquería”. Para el Gobierno, se trata de un intento de desestabilizar el programa económico golpeando a uno de sus principales defensores en el Congreso. Sin embargo, los pedidos de remoción siguen creciendo en la oposición. El caso es seguido de cerca por la Justicia argentina y por autoridades de Estados Unidos.
El escándalo expone una trama que mezcla dinero, vuelos privados y relaciones con empresarios investigados por narcotráfico internacional. Aunque Espert insiste en que fue un asesoramiento frustrado, los documentos bancarios y judiciales lo dejan en una situación delicada. La incógnita central sigue abierta: ¿se trató de un pago por servicios profesionales mal documentados o de un vínculo más oscuro con redes criminales?
La mesa de conducción de La Libertad Avanza mantiene su postura y cree que el economista debe renuncias. Patricia Bullrich y Guillermo Francos con críticas.
El candidato a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, desmintió las acusaciones de financiamiento ilegal y explicó que el dinero recibido fue por su trabajo como consultor privado.