Eduardo Belliboni declaró ante la Justicia: negó las acusaciones de extorsiones y desvíos de fondos de planes sociales
El dirigente piquetero enfrenta acusaciones de defraudar al Estado. Las principales sospechas giran en torno al uso de fondos públicos para financiar las campañas del Partido Obrero
Este martes 25 de junio se llevó a cabo la última y más importante ronda de indagatorias en la causa que investiga al Polo Obrero por defraudación millonaria al Estado. Eduardo Belliboni se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, negando haber extorsionado a beneficiarios de planes y desviado fondos. Su declaración se dio en el marco de una presentación inicial en la cual no respondió preguntas.
En cuanto a las acusaciones de facturas truchas, Belliboni afirmó que era responsabilidad de la AFIP controlar a las empresas como Coxtex. Mencionó que el organismo les había comunicado que la compañía “era legal”. También negó la existencia de un sistema de multas para quienes se negaban a participar de las marchas y desmintió que no se hayan rendido $81 millones de los convenios del Potenciar Trabajo: “Se rindió casi la totalidad y lo que falta rendir está justificado, porque es para pagar sueldos de obras que se están realizando”.
Belliboni, tras su presentación en Comodoro Py, declaró: “Presenté tres carpetas con pruebas, de parte de nuestra defensa, para mostrar que no tuvimos jamás ningún tipo de denuncia de extorsión, y rechazamos con pruebas que haya habido defraudación al Estado”.
Respecto a las facturas truchas, añadió: “Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP”.
Las acusaciones contra el Polo Obrero
El líder del Polo Obrero enfrenta dos grandes escenarios de acusación: por un lado, se le imputa haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por emitir facturas truchas (administración fraudulenta) y, por otro, se le responsabiliza por extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social que se realizaron bajo la órbita de su organización.
Como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, la Asociación Civil Polo Obrero debía comprar herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. Por este motivo, la organización de Belliboni recibió entre 2020 y 2023 unos $360 millones, de los cuales $81 millones nunca fueron rendidos, es decir, se desconoce para qué se utilizaron.
El juez Casanello recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano en la que se detallaba que el Polo Obrero incumplió con la rendición de cuentas de los fondos recibidos como unidad de gestión. De hecho, la cartera conducida por Sandra Pettovello ya intimó cinco veces al PO para que entregue la documentación respaldatoria, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
En total, son cinco los convenios que el Polo Obrero no rindió, sumando un total de $81 millones. El más importante es por $48 millones, otro por $24 millones y los restantes tres completan la cifra. En las intimaciones, Capital Humano exige la presentación de la documentación respaldatoria de los gastos, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.
Este lunes, la Justicia federal se hizo cargo de la investigación, luego de que los fiscales recolectaran pruebas que señalan un posible caso de trata de personas
Los fiscales provinciales que comenzaron con la investigación afirmaron ayer que niño fue captado con fines de explotación, por lo que la causa pasó a fuero federal. Los nuevos investigadores tienen dudas sobre algunas conclusiones
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
