El dirigente piquetero enfrenta acusaciones de defraudar al Estado. Las principales sospechas giran en torno al uso de fondos públicos para financiar las campañas del Partido Obrero
Este martes 25 de junio se llevó a cabo la última y más importante ronda de indagatorias en la causa que investiga al Polo Obrero por defraudación millonaria al Estado. Eduardo Belliboni se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, negando haber extorsionado a beneficiarios de planes y desviado fondos. Su declaración se dio en el marco de una presentación inicial en la cual no respondió preguntas.
En cuanto a las acusaciones de facturas truchas, Belliboni afirmó que era responsabilidad de la AFIP controlar a las empresas como Coxtex. Mencionó que el organismo les había comunicado que la compañía “era legal”. También negó la existencia de un sistema de multas para quienes se negaban a participar de las marchas y desmintió que no se hayan rendido $81 millones de los convenios del Potenciar Trabajo: “Se rindió casi la totalidad y lo que falta rendir está justificado, porque es para pagar sueldos de obras que se están realizando”.
Belliboni, tras su presentación en Comodoro Py, declaró: “Presenté tres carpetas con pruebas, de parte de nuestra defensa, para mostrar que no tuvimos jamás ningún tipo de denuncia de extorsión, y rechazamos con pruebas que haya habido defraudación al Estado”.
Respecto a las facturas truchas, añadió: “Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP”.
El líder del Polo Obrero enfrenta dos grandes escenarios de acusación: por un lado, se le imputa haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por emitir facturas truchas (administración fraudulenta) y, por otro, se le responsabiliza por extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social que se realizaron bajo la órbita de su organización.
Como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, la Asociación Civil Polo Obrero debía comprar herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. Por este motivo, la organización de Belliboni recibió entre 2020 y 2023 unos $360 millones, de los cuales $81 millones nunca fueron rendidos, es decir, se desconoce para qué se utilizaron.
El juez Casanello recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano en la que se detallaba que el Polo Obrero incumplió con la rendición de cuentas de los fondos recibidos como unidad de gestión. De hecho, la cartera conducida por Sandra Pettovello ya intimó cinco veces al PO para que entregue la documentación respaldatoria, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
En total, son cinco los convenios que el Polo Obrero no rindió, sumando un total de $81 millones. El más importante es por $48 millones, otro por $24 millones y los restantes tres completan la cifra. En las intimaciones, Capital Humano exige la presentación de la documentación respaldatoria de los gastos, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.
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