El Congreso busca blindar YPF ante fallo judicial de Estados Unidos

El diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal, y el senador radical Maximiliano Abad presentaron proyectos de resolución para ratificar un artículo clave de la ley de expropiación de YPF votada en 2012. La iniciativa busca responder al fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien ordenó a la Argentina entregar en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital.

Los proyectos apuntan a convalidar el artículo 10 de la Ley 26.741, que prohíbe la transferencia de las acciones de la empresa petrolera estatal salvo que el Congreso lo autorice con mayoría de dos tercios de sus miembros en ambas cámaras.

"Estamos dispuestos a trabajar seriamente en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que el marco de la ley no puede ser vulnerado, porque para tal fin se requiere dos tercios de Diputados y dos tercios del Senado", explicó Pichetto durante el debate en la Cámara baja.

Argumentos jurídicos contra el fallo estadounidense

El senador Abad, quien presentó su proyecto acompañado por el legislador Pablo Blanco, argumentó que cumplir con la decisión judicial constituiría "un grave avasallamiento a la soberanía nacional". "Ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable", indicó el legislador radical.

La propuesta fue sugerida por el exprocurador del Tesoro del gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, quien considera que esta interpretación normativa puede consolidar la defensa jurídica del país en tribunales internacionales.

Abad también destacó los riesgos económicos del cumplimiento del fallo, incluyendo la afectación a las reservas, debilitamiento del mercado financiero local, pérdida de confianza en los inversores y tensiones institucionales internas.

Defensa de la expropiación y debate político

Pichetto defendió su voto a favor de la expropiación de 2012, recordando las circunstancias que la motivaron. "Hay que analizar las circunstancias del pasado porque la ley de expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, en la situación que estaba viviendo Argentina que estaba importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo", justificó.

El debate generó fuertes cruces en el recinto. El diputado del PRO Santiago Pauli aprovechó para criticar al kirchnerismo: "Es cierto que la autoría de esta estafa fue de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, pero no hubiera sido posible si ellos no lo hubieran votado".

Por su parte, Damián Arabia, también del PRO, cuestionó específicamente a Kicillof, quien era ministro de Economía durante la expropiación: "YPF es quizás una de las más grandes estafas de nuestro país", afirmó, mientras que su compañera de bancada Patricia Vásquez criticó al actual gobernador bonaerense por "su conducta esquizofrénica de no querer aceptar ni ser capaz de reconocer las responsabilidades que le competen".

El jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, interrumpió recordando que la UCR en 1992 había advertido contra la privatización de la petrolera y llamó a no hacer partidismo con la situación.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto procuró calmar el debate: "Seamos responsables. No quieran levantar banderas que no ayudan al debate y la unión que debemos tener los argentinos ante un fallo que no corresponde. Tenemos que demostrar madurez para defender YPF".

Christian Castillo, del Frente de Izquierda, calificó la decisión judicial como "un acto de injerencia colonial absolutamente inadmisible" y comparó a la jueza Preska con el juez Thomas Griesa, quien llevó adelante los litigios por la deuda argentina.

La senadora rionegrina Mónica Silva también presentó un proyecto de resolución declarando su "más enérgico repudio" a la resolución de Preska, que consideró "altamente agraviante a los principios del Derecho Internacional Público".

Las resoluciones, de ser aprobadas en ambas cámaras, constituirían una respuesta institucional al fallo que busca entregar el control de YPF a fondos especulativos en el marco del juicio por la expropiación de la empresa que anteriormente pertenecía a la española Repsol.