En medio de los incendios que sufre la Patagonia, se pone especial atención a las inversiones en ambiente y el servicio de manejo del fuego.
En medio de los incendios, denuncian la falta de fondos e incumplimiento de la Ley de Bosques Nativos. No obstante, nunca ningún gobierno cumplió con la norma.
Tras el envío de 295 brigadistas al sur por parte de Nación y Córdoba, sumado al resto del personal local que lucha contra el fuego, se lograron extinguir 22 de los 32 focos de incendios. Sin embargo, detrás del operativo de emergencia ambiental, persiste otro problema: el Presupuesto 2026 incumple con la inversión mínima que establece la Ley de Bosques Nativos para la prevención de estos siniestros. ¿Cómo lo compensa el Gobierno? ¿Alguna vez se cumplió con la norma?
Nación anunció esta semana el envío de 232 brigadistas: 128 pertenecientes a Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias; se les sumaron 63 de la provincia de Córdoba. El operativo incluyó15 medios aéreos, camiones autobomba 4x4, apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, asistencia sanitaria y envío de ayuda humanitaria, en coordinación con provincias, municipios y bomberos voluntarios. De este modo, 22 de los 32 incendios fueron completamente extinguidos.
No obstante, y a sabiendas de que el sur argentino sufre de estos incendios cada verano, se puso especial foco en las partidas presupuestarias destinadas a su prevención. Dentro del Presupuesto 2026, se asignaron $15.843.018.250 al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Y, además, $1.624.517.867 al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
Lo enviado sólo al Fondo nacional representa el 0,0107% del presupuesto anual total, lo que implica el incumplimiento de la Ley 26.331. ¿Por qué? En su artículo 31 establece que se debe invertir un 0,3% del presupuesto anual total en el Fondo mencionado; es decir, son $428.364.862.330 menos del piso que exige la norma.
Sin embargo, ningún gobierno ha cumplido con esta ley desde su sanción en 2007. Por ejemplo, y como antecedente más cercano, el Presupuesto 2023 aprobado por Alberto Fernández en su último año de gestión destinó un 0,031% del total anual presupuestario al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Entre medio, trascendió que la partida del Servicio Nacional de Manejo del Fuego -que depende del Ministerio de Seguridad-, a partir de este año es de $20.131 millones. Esto se traduce en un 53,6% menos respecto al año anterior, aunque su desfinanciamiento tampoco es algo nuevo.
Si se hace un repaso de la Ley 26.331 de Bosques Nativos, como ya se mencionó, desde su sanción hasta la actualidad ese porcentaje estipulado nunca se cumplió. Retomando lo invertido en 2023, Fernández apenas transfirió $9.000.000.000 al Fondo Nacional para estos bosques (y, aparte, $1.000.000.000 al Programa de Protección). Es decir, faltaron $77.862.093.945.
La forma de compensarlo por parte del Gobierno de Milei hoy es mantenerse al día en los pagos correspondientes del Fondo: en un 70% al sector privado y un 30% a las provincias que hayan cumplido con la respectiva rendición de cuentas, un requisito clave.
Cabe destacar que el año pasado se regularizaron los pagos pendientes correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, lo que permite tener los números en verde. También se han sacado las primeras partidas a las provincias que se encontraban al día hacia fines del 2025.
Además, la ley establece que las jurisdicciones cuentan con un plazo de hasta tres años para presentar sus rendiciones, habiendo territorios que tienen mucha extensión o mucha complejidad, y casos en los que cumplen casi al límite. Este esquema explica los diferimientos que se producen en el plan de pagos y forma parte del funcionamiento previsto por la normativa vigente.
La oposición aprovechó esta situación para recordar que en 2025 se dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego, lo que equivale a casi $20.000 millones. De la mano con ello, se resaltó que el Consejo de Mayo -impulsado por el Gobierno- entregó un informe final con diversas propuestas, como la modificación de la Ley de Tierras y de la Ley de Manejo del Fuego.
Para la segunda de ellas (todo dentro del Capítulo 2), el documento comienza refiriéndose a las reformas que se le realizaron en el año 2020, bajo el Gobierno de Alberto Fernández. Establecían que tras un incendio, aún si fuese accidental, los dueños o locatarios de un campo no pueden alterar su finalidad productiva entre 30 y 60 años posteriores al incendio si se trata de bosque nativo o áreas protegidas.
El objetivo es bloquear un mecanismo histórico: quemar para cambiar el uso del suelo. Sin esta prohibición, el incendio podría habilitar desmontes, permitir loteos, desarrollos inmobiliarios o cambios agrícolas, o generar una “ganancia” posterior al fuego.
Desde el Consejo, no obstante, denuncian que los productores pueden sufrir una catástrofe doble: además del siniestro, no pueden adaptarse a los cambios productivos, lo que disminuye su capacidad para recuperarse económicamente y reduce el valor de su campo. Nótese que dicha ley ya contaba con la obligación de recomponer el daño ambiental en el artículo 22, por lo que las prohibiciones introducidas en 2020 resultan desproporcionadas e innecesarias.
Según detalla el informe, castigan injustamente al propietario que sufrió el daño. Por estas razones, impulsaron la derogación de los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley 26.815. Asimismo, se introduce la restitución del artículo 22 bis en su redacción original incorporada por la Ley 27.353, previa a las modificaciones introducidas por la Ley 27.604.
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