Pérsico, acusado de connivencia con Beliboni para defraudar al Estado
El lider del Movimiento Evita firmó convenios con el Polo Obrero cuando era funcionario de Alberto Fernández por $572 millones, que no fueron controlados ni justificados. Al menos $36 millones destinados a ayuda social fueron utilizados para actividades partidarias
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió citar a declaración indagatoria a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y titular durante el Gobierno de Alberto Fernández de la Secretaría de Economía Social, por donde pasaba gran parte de la ayuda estatal destinada a los movimientos sociales. Según la acusación, Pérsico lideraba una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y utilizara el dinero de la ayuda social para financiar actividades partidarias.
El dictamen que Pollicita presentó ante el juez Sebastián Casanello pidiendo la indagatoria de Pérsico estima que hubo fraude al Estado por al menos 36 millones de pesos, apunta además a otros ex funcionarios y pide una nueva declaración del líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni, entre otros dirigentes. De acuerdo con el cálculo del fiscal, se entregaron más de 572 millones de pesos en subsidios a sus cooperativas entre 2020 y 2022, a pesar de que no se cumplían con los requisitos. De los $361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos $219.955.153,73, un (60%), no fueron devueltos ni rendidos al Estado nacional.
“Es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”, sostiene el dictámen, y añade que el 10% fue aplicado a facturación apócrifa para intentar justificar la falta de comprobantes de gastos. En realidad, dijo el fiscal, no se hacían capacitaciones, obras, mejoras urbanas, de vivienda, ni de infraestructura, sino que “se les exigían otras actividades, en general, de índole política-partidaria, siendo la más común era la asistencia a movilizaciones y actividades vinculadas a los comicios electorales”.
Para el fiscal, las pruebas que recolectó le permiten afirmar que las maniobras no se limitaban a “un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social”, sino que lo que había era “una matriz de corrupción” montada sobre la Secretaría de Economía Social, a cargo de Pérsico, en connivencia con los dirigentes del Polo Obrero, que “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional”.
Además de Pérsico, el fiscal también pidió la indagatoria de los ex funcionarios Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef, y pidió también que sean nuevamente citados a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego, quienes aparecen en la firma de esos convenios, para ampliar la acusación por estos hechos.
La maniobra delictiva se realizaba mediante pedidos de subsidios que no indicaban ninguna información sobre el proyecto socio-productivo, sociolaboral o socio-comunitario al que serían destinado, y tampoco incluía documentación que permitiera a los funcionarios analizar el contenido y la razonabilidad de la propuesta. La propuesta se aprobaba rápidamente, argumentando que la documentación sería analizada más adelante, cuando se presentara el “plan de actividades”, que tampoco tenía el detalle de en qué se iban a aplicar los fondos. El fiscal detectó un caso en el que en el mismo día se autorizó un convenio con la cooperativa El Resplandor, se expidió el área de Asuntos Jurídicos y Pérsico autorizó la transferencia del primer desembolso, por prácticamente 100 millones de pesos.
El juez Casanello ya había finalizado la ronda de indagatorias, por lo que se disponía a resolver las situaciones procesales de los imputados, quienes están acusados de extorsión e irregularidades en el manejo de dinero con facturas truchas.
Los imputados que aceptaron declarar argumentaron que se trata de una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales y rechazaron los delitos que se les imputan.
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