“Todas lasempresas estatales que no hayan podido corregir su funcionamiento y sigan con déficit van rumbo al cierre antes de fin de año”, la frase temeraria sale de la boca de un diputado paraoficialista de estrecho contacto con la cúpula del PRO. No es una presunción, es un plan que ya está en marcha y tuvo como su primer botón de muestra los despidos masivos y el cierre de la AFIP.
En los pasillos del Congreso hay un rumor que se transforma en presunción: el gobierno avanzará con todos los recortes antes de que comience el proceso electoral 2025. Desde la bancada del PRO ven la estrategia como lógica y la enmarcan dentro de la lógica de los años electorales a la que La Libertad Avanza tampoco, por lo menos eso parece, podrá escapar.
El oficialismo, según pudo recoger El Observador, seguirá aferrado a su estrategia a la hora de plantear la discusión pública sobre las empresas estatales. “De la misma manera que dejamos en claro que los pobres financian a los ricos que van a la Universidad y que viajan en avión, vamos a plantear la discusión en cada sector”, explica una de las espadas parlamentarias del oficialismo.
Desde el mismo sector explican que hay matices respecto a los distintos organismos del Estado. No es lo mismo aquellos que se puedan privatizar que aquellos que se pretenden cerrar. “Así como se disolvió Telám y la AFIP se avanzará con el resto de las empresas que no tiene sentido que estén en el Estado y generan déficit”, detallaron.
La narrativa que vuelve a aparecer en torno a las empresas del Estado es la misma que surfeo el contorno del debate de la ley bases. En ese entonces, puertas adentro del Gobierno, se decidió dar un año de plazo para que las empresas reduzcan sus pérdidas. En ese marco, y ya con el último trimestre en marcha, llegó la hora de la verdad.
Las empresas estatales en la mira
En ese marco, tras el cierre de AFIP y más allá de las empresas sujetas a privatización, los alfiles del oficialismo en el Congreso esperan que se avance en primer término con el cierre de la Casa de la Moneda, con la extinción de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). Ambas empresas dependen hoy del ministerio de Economía y emplean a poco más de 4 mil personas.
Dentro del esquema que plantea el oficialismo para avanzar con la reducción del Estado antes e fin de año parecen apuntar, en esta etapa, a los organismos menos visibles. Sin embargo, nadie se anima a señalar cuáles serán las empresas estatales que lograrán sortear la motosierra durante el primer año de la gestión de Javier Milei.
Dentro de ese contexto, los gremios estatales, especialmente ATE, se mantienen en alerta, pero por ahora no cuentan con información detallada de la hoja de ruta que pretende seguir el Gobierno.
Con el presupuesto en la mano, denuncian el desfinanciamiento de algunas áreas y programas puntuales vinculados a las cuestiones de género.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
