Política

El Gobierno envió al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema

Tras el período para recibir adhesiones e impugnaciones, el Ejecutivo decidió avanzar con las candidaturas para cubrir las vacantes en el máximo tribunal

Finalmente, el Gobierno envió este lunes al Senado los pliegos del juez Ariel Lijo y el académico Manuel José García-Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que existen por la jubilación de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la que se producirá a fin de año cuando se jubile Juan Carlos Maqueda.

En las últimas semanas las candidaturas de Lijo y García Mansilla recibieron numerosas adhesiones. El pliego, de tres páginas de extensión, que fue enviado al Senado de la Nación lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Allí se destaca que, como se cumplió con el procedimiento de preselección, para el Gobierno “resulta obligatorio... propiciar la cobertura de los cargos en cuestión”. Ahora, el Senado deberá cumplir con el procedimiento del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que regula la designación de jueces de la Corte Suprema.

El pliego eviado por el Gobierno destaca la importancia de “contar con un tribunal completo, especialmente en un contexto donde cada decisión requiere el consenso de al menos tres miembros”, por lo que las designaciones representan lo que el Gobierno considera como “un paso crucial para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial argentino”.

También en el pliego se explica que en el proceso de selección Lijo ha recibido el “respaldo por parte de instituciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y la ciudadanía en general”. Y se subraya que la base del apoyo es la “idoneidad, la extensa trayectoria en el Poder Judicial de la Nación y su labor como docente universitario”.

El gobierno de Javier Milei propuso a fines de marzo al juez federal Lijo y al abogado y académico García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

Lijo fue postulado para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco cuando se jubiló en octubre de 2021. Y García-Mansilla es candidato para el puesto que dejará vacante en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.

Según trascendió este lunes Lijo contaría ya con los 48 votos necesarios en el Senado para aprobar su pliego. De acuerdo con la Constitución Nacional, son necesarios dos tercios de los votos, por lo que para pasar el filtro requiere, además de los libertarios, el PRO, los radicales y provinciales, al menos nueve de los 33 que tiene la bancada kirchnerista de Unión por la Patria.

En los pasillos del Senado, el "poroteo" da cuenta de que Lijo conseguiría el respaldo legislativo sumando votos de todos los bloques.

El magistrado tiene diálogo institucional con varias de las figuras clave que tiene el Senado, y mantiene vínculos con gobernadores, que son decisivos para construir la mayoría necesaria indispensable para tener luz verde parlamentaria. Con 55 años, Lijo obtendría un lugar en la Corte Suprema para los próximos 20 años

Como el juez Maqueda cumple los 75 años el 29 de diciembre, los congresales tienen plazo hasta el 30 de noviembre -cuando terminan las sesiones ordinarias- para poder darle el visto bueno o no a la postulación del Ejecutivo.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.