Política

El Gobierno, feliz con la Corte Suprema por considerar que los nombramientos en comisión son constitucionales

Javier Milei está convencido de que el máximo tribunal le tomará juramento a Ariel Lijo después de hacer lo propio con Manuel García-Mansilla.

Gonzalo Prado

El Gobierno consideró que la Corte Suprema, al tomarle juramento a Manuel García-Mansilla, aceptó que los nombramientos en comisión, vía decreto, son constitucionales y no habrá un rechazo del máximo tribunal en ese sentido. Ese fue el análisis que realizó Javier Milei al enterarse de la noticia de acuerdo a lo que reconstruyó El Observador y espera ahora por Ariel Lijo.

En la Casa Rosada diferenciaron la situación del ahora juez de la Corte Suprema y Ariel Lijo, también nombrado en comisión. "La Corte tiene que definir primero si le acepta la licencia. Y después si le toma juramento. Ahí hay una diferencia", sostuvo una fuente con trato frecuente con el jefe de Estado. Cerca de Milei están convencidos que el máximo tribunal hará lo propio con Lijo. Lejos de molestarse con la jura a cuenta gotas, en Balcarce 50 tenían otra mirada.

La mirada del Gobierno sobre la Corte Suprema

"Lo que sucedió fue que la Corte nos dijo que es constitucional nombrar a los jueces en comisión. Lo que hicimos, entonces, es legal", agregó un funcionario del Gobierno.

La situación con Lijo, al cierre de esta nota, no estaba resuelta en la Corte Suprema debido a que lo ministros no llegaron a un acuerdo en torno a la licencia del juez federal, que ya fue aprobada por la Cámara de Casación. Rosenkrantz está en contra de permitir que el magistrado este un año fuera de su juzgado para completar el máximo tribunal mientras que Lorenzetti está a favor. Quien definirá es Rosatti.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto al nuevo miembro de la Corte Suprema, Manuel García Mansilla.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto al nuevo miembro de la Corte Suprema, Manuel García Mansilla.

El 6 de marzo la Corte Suprema decide sobre la licencia de Ariel Lijo

El titular de la Corte Suprema, de acuerdo a lo que reconstruyó El Observador, no está del todo de acuerdo con que Lijo tenga doble cargo (la licencia en su juzgado y un asiento en el máximo tribunal). Por eso los ministros del máximo tribunal decidirán el 6 de marzo si le toman juramento o no al juez federal. En el Gobierno están convencidos de que no hay margen para los cortesanos y que deberán aceptarlo.

Lijo, a diferencia de García-Mansilla, tiene su pliego firmado en el Senado, lo que lo habilita a ser tratado en el recinto cuando se disponga. Esa diferencia hace que en la Corte existan algunos reparos en torno a la urgencia en el nombramiento. A eso se le suman las internas dentro del máximo tribunal, en donde Rosatti y Rosenkrantz mantienen hace tiempo fuertes tensiones con Lorenzetti.

La estrategia de Javier Milei con la Corte Suprema

En el Gobierno ven con buenos ojos el acuerdo previsto para que, el 6 de marzo, el Máximo Tribunal trate la solicitud de licencia extraordinaria del juez de Comodoro Py. Lo cierto es que consideran que ambas designaciones están resueltas.

Al margen de las polémicas, voces libertarias reafirman la decisión de avanzar en los nombramientos por comisión ante lo que consideraron como inacción de la Cámara de Senadores. “El Senado no demostró demasiada conducta”, insistieron, y argumentaron: "El presidente es una persona que resuelve problemas y toma decisiones”.

Pese a la incertidumbre abierta con Lijo, a la espera de que la Corte trate la solicitud de licencia extraordinaria, paso previo a poder aceptar su designación como nuevo integrante, los libertarios mantienen la calma porque consideran que no hay amenaza posibles, ni siquiera de la oposición.

El Gobierno denunció penalmente a las petroleras que operan en las Islas Malvinas

El canciller Pablo Quirno es quien impulsa la denuncia.
  • Cancillería realizó la denuncia penal. Alcanza a cinco sociedades vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas y la Cuenca Malvinas Norte.
  • Las empresas denunciadas. Se trata de Navitas Petroleum Development & Production Ltd.; Navitas Petroleum Atlantic Ltd.; Navitas Petroleum LP; JHI Associates Inc.; y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
  • La acusación. Las empresas habrían avanzado en la exploración y preparación de la explotación de hidrocarburos en áreas de la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
  • Lo que se pide investigar. Posibles delitos bajo la Ley 26.659 con los que determinar la responsabilidad de las empresas, sus directivos y otras sociedades vinculadas.