Nueva ola de despidos. ATE se prepara un nuevo plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei
Los puestos de trabajo puesto a consideración son 57 mil. Se trata de los contratos que fueron prorrogados en marzo
El plan de reducción del Estado que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei tendrá otro punto fuerte en junio, cuando se lleve adelante una nueva ola de cesación de contratos. En este caso la administración central pondrá el ojo sobre 57 mil contratos que fueron prorrogados en marzo.
Además, los gremios estatales alertaron sobre la posibilidad que, tras las sanciones de la ley bases, el Gobierno avance sobre 125 mil puestos de trabajo que hoy están bajo el paraguas de la estabilidad del empleo estatal que les brinda la planta permanente.
Motosierra trimestral
El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, lo había anticipado en marzo, cuando se llevó a cabo una ola de cesantías que alcanzó a 14 mil empleados según confirmó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse en su visita al Congreso.
La advertencia en marzo fue clara: cada tres meses se revisarán los contratos en el Estado. En ese marco, se espera para junio una nueva ola de despidos vinculados a los contratos conocidos como “artículo 9” que fueron prorrogados por tres meses.
Desde ATE señalan que aún no hay un número concreto respecto a la cantidad de despidos, pero explican que en paralelo el Gobierno impulsa un plan de jubilaciones compulsivas, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.
Desde el gremio que agrupa a los estatales señalan que las bajas de contratos serán comunicadas a mediados de junio.
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, señaló en su informe al Senado que “no hubo despidos masivos en el Estados”, y aseguró que lo que se llevó a cabo fue la baja de 14 mil contratos.
En ese marco, las demandas laborales en busca de una indemnización comienzan a multiplicarse en el fuero laboral.
Desde la secretaria de Trabajo informaron que no está previsto el pago de indemnizaciones porque se trató de “la no renovación de contratos”. Desde los gremios apuntan al fraude laboral, señalan que la justicia les dará la razón, y aseguran que los 14 mil despidos “les saldrán caros al Estado”.
Desde los gremios alertan que la sanción de ley bases, en cualquiera de sus versiones, dejará a 125 mil empleados que hoy gozan de la protección de la estabilidad laboral bajo el paraguas de la contratación como planta permanente del Estado a tiro de telegrama.
La versión de la ley bases, que cuenta con media sanción de Diputados, modifica el marco regulatorio de las relaciones laborales en el Estado. En ese marco, y dentro de un esquema de reforma de la administración pública, habilita al Poder Ejecutivo a pasar a disponibilidad buena parte de los trabajadores que forman parte de la estructura del Estado.
El texto que ahora transita por el Senado establece que “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación".
En ese gremio, desde ATE aseguran que van seguir adelante con planes de lucha en cada dependencia del Estado y que recurrirán a la justicia para defender la estabilidad laboral de sus afiliados.
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