El Gobierno de Javier Milei se prepara para desmontar un sistema de corrupción que involucra tanto al poder político como al Poder Judicial en el otorgamiento de pensiones por invalidez,
El Presidente adelantó en el almuerzo del CICyP que la Casa Rosada tenía pensado avanzar por la vía legal contra el ex funcionario pero al final desistió.
El Gobierno concluyó que no tenía margen legal para denunciar al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo: cualquier presentación derivaba en una investigación sobre la propia administración. Pese a que Javier Milei había prometido “llevarlo a la Justicia”, el Ejecutivo se inclinó por un sumario interno y una nueva auditoría.
En la Rosada evaluaron durante horas la conveniencia jurídica y política. Abogados del Ejecutivo plantearon que una denuncia penal impulsada por el propio Gobierno exponía a la gestión a quedar bajo la lupa de manera inmediata, dado que la causa existente avanzaba sobre hechos, contratos y decisiones adoptadas dentro de la administración. La conclusión fue pragmática: no había un encuadre procesal que permitiera presentarse como acusador sin reabrir, al mismo tiempo, interrogantes sobre la responsabilidad estatal.
La definición tensionó el discurso público. Días antes, en plena caravana en Lomas de Zamora, el Presidente había elevado el tono: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”. La frase alimentó la expectativa de una presentación inmediata y fijó una vara que, puertas adentro, luego se consideró inviable.
El mismo Milei buscó ordenar el frente político en el almuerzo del CICyP, el jueves, cuando descalificó las acusaciones como “burdas operaciones difamadoras” y “una nueva mentira” de la “casta”, en un mensaje dirigido al establishment que lo escuchó en el Hotel Alvear. Aquella intervención procuró blindar al Ejecutivo y a su círculo íntimo mientras el expediente judicial seguía su curso.
El contexto judicial no había sido menor. En paralelo, la Justicia dispuso allanamientos en oficinas de la ANDIS y en dependencias de la droguería mencionada en los audios, en busca de documentación y soportes electrónicos. Las medidas reforzaron la lectura política de que cualquier movimiento intempestivo del Gobierno como denunciante podía interpretarse como interferencia o como una maniobra defensiva en una causa que ya tenía impulso propio.
En el elenco oficialista reconocieron que el Presidente marcó primero la cancha con la promesa de “llevarlo a la Justicia”, pero que la evaluación técnica terminó imponiéndose. En ese encuadre, la salida más ordenada consistió en abrir un sumario administrativo para fijar responsabilidades dentro del organismo y disponer una nueva auditoría integral sobre los circuitos de compras y pagos durante la gestión de Spagnuolo. La apuesta fue combinar un gesto de control interno con la premisa de no entorpecer la pesquisa penal.
El giro también buscó moderar un incendio político que había escalado con los audios atribuidos al ex funcionario, donde se describían presuntos retornos vinculados a compras de medicamentos y se implicaba a figuras del primer anillo del poder libertario. La filtración derivó en el desplazamiento de Spagnuolo y en un vendaval de acusaciones cruzadas, mientras medios locales e internacionales recogían la trama y las pesquisas fiscales.
Dentro del oficialismo, la discusión se repartió entre dos lógicas: la de “contraatacar” con una denuncia para sostener el encuadre de que todo era una operación, sintonía con la retórica de CICyP, y la de “administrar el daño” evitando movimientos que pudieran agravar la exposición judicial de la gestión. Pesó la segunda. De hecho, el mensaje a los ministerios y a los organismos descentralizados fue ordenar documentación, preservar evidencias y limitar declaraciones públicas que no pasaran por los canales formales.
El costo político quedó a la vista. La oposición leyó el freno a la denuncia como una contradicción con la promesa presidencial y como confirmación de que el caso podía salpicar al Gobierno. En paralelo, el oficialismo intentó recentrar la conversación en la auditoría y en la depuración administrativa de la ANDIS, con la convicción de que un dictamen interno robusto resultaba más sostenible que un movimiento penal sin sustento claro.
Para la mesa chica, la secuencia dejó una lección: en causas sensibles, la línea jurídica debía condicionar la comunicación, no al revés. Por eso, el cierre de esta etapa combinó tres piezas: sumario, auditoría y colaboración con la Justicia cuando fuera requerida. La consigna fue bajar el volumen de la épica y sostener la institucionalidad del expediente, aun cuando la narrativa pública previa hubiera empujado a prometer una denuncia que, técnicamente, el propio Estado no estaba en condiciones de presentar.
Una encuesta nacional reveló que el 94% conoce el escándalo y el 73% lo considera grave, pero solo el 16% modificaría su voto legislativo.
El presidente alineó a todo La Libertad Avanza (LLA) detrás del armador nacional y el titular de Diputados. Silencio de radio hasta que avance la Justicia.
Más ordenados luego de varias decisiones que lograron tomar esta semana, los libertarios siguen adelante en su estrategia de bajarle el tono a las denuncias y ganar tiempo en la justicia.