El Gobierno ya tiene definida la estrategia legal con la que, llegado el caso, buscará judicializar la ley de financiamiento educativo para las universidades de no poder blindar el veto del presidente Javier Milei. El encargado de comunicarle este jueves a los ministros los detalles de la avanzada fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El jefe de ministros aprovechó la reunión de gabinete, a la que faltó la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, por un cuadro gripal, para explicar un gris en la normativa que habilitó el Senado. De acuerdo a la mirada de los especialistas en legales del Gobierno, la Cámara Alta no puede tratar un proyecto de ley sobre cuestiones de presupuesto sin establecer de dónde salen los recursos que se utilizarán.
La estrategia legal de Javier Milei para mantener el veto
"Al imponer gastos sin tener en cuenta el reglamento del Senado, pero también la ley de responsabilidad de administración financiera, la ley tiene elementos para judicializarse", le dijo a El Observador un integrante de la mesa chica de Milei.
El propio Milei escuchó atentamente las explicaciones sobre la estrategia legal durante la reunión de Gabinete; cuando llegó el momento de usar la palabra el jefe de Estado remarcó que "no lo moverán ni un milímetro" de su regla de mantener el déficit cero en las cuentas públicas.
El presidente Javier Milei ya tiene la estrategia judicial del Gobierno lista para mantener el veto sobre el financiamiento educativo.
Mover primero o esperar a la oposición
La única duda en torno a la estrategia judicial que tienen en el Gobierno es sí debe ser la propia Casa Rosada la que recurra a la Justicia o si debe esperar a que lo haga la oposición ante el no cumplimiento de la ley. Esto se debe a que cerca del ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvieron que una opción podía ser desconocer la normativa sancionada por el Congreso.
"Que vayan a la Justicia ellos (por la oposición) y ahí vemos si quién tiene razón", remarcó un ministro de dialogo permanente con Milei.
Siguen las negociaciones por el veto
La estrategia judicial irá por un camino mientras la búsqueda de blindar el veto por parte de Francos y su vice, Lisandro Catalán, va por otro. Ambos funcionarios buscarán que el PRO y otros espacios acompañen el veto en Diputados. Pero la situación no es simple. El macrismo quiere que el Gobierno de una muestra de buena voluntad y acerque posiciones con las universidades en el Presupuesto 2025.
De eso dialogaron Catalán y el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, este jueves en la Casa Rosada. El exministro de Seguridad volvió a remarcar que no hay una postura unificada en su espacio pero que la mayoría está en contra del veto. "Estamos a favor de mantener el déficit cero, pero hay temas en los que se tiene que charlar más, no es todo blanco o negro", consideró un integrante de la conducción del partido amarillo.
La Coalición Cívica y Encuentro Federal avanzaron con un pedido conjunto para llevar la decisión del presidente al recinto. La UCR se sumará a defender su proyecto.
Descubrí cómo opera el veto del presidente Javier Milei y cuáles son sus implicancias sobre la ley que garantiza los fondos para el funcionamiento universitario.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.