"El paso siguiente es que las Fuerzas Armadas presten colaboración y que se pueda meter preso a Facundo Jones Huala", le dijo a El Observador una fuente gubernamental al tanto de los operativos que comenzarán a realizar en la Patagonia. La situación de los incendios, por los que el Ejecutivo y los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, responsabilizaron a la RAM, generó que la Casa Rosada la incluya dentro de la lista de organizaciones terroristas junto con Hezbollah y Hamás.
El Gobierno habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en el conflicto mapuche
El informe técnico-jurídico, que fundamenta la decisión, menciona 136 hechos delictivos adjudicados a la RAM entre 2010 y 2025. Entre los más graves, se destacan: un atentado con bomba en Cipolletti en 2010 que mató a un barrendero municipal; el homicidio del sargento José Aigo en 2012 en Neuquén; incendios masivos en la Patagonia, afectando miles de hectáreas de bosques en Río Negro, Neuquén y Chubut; y ataques a infraestructuras, cortes de rutas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
El Gobierno quiere poner tras las rejas a Facundo Jones Huala e involucra a las Fuerzas Armadas.
La decisión de incluir en esa lista a la RAM se complementa con el Decreto 1112/2024, de diciembre del año pasado, que modificó el sistema de Defensa Nacional y le permitió a las Fuerzas Armadas sumarse a la lucha contra el terrorismo dentro del territorio nacional entre otras cuestiones. En el artículo 1 de esa normativa se establece directamente su intervención.
Los cambios que le permiten a Patricia Bullrich meterse de lleno en el conflicto
"Se considerarán agresiones la ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, que afecten los intereses vitales de la NACIÓN ARGENTINA, en los términos establecidos en el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria", sostiene el decreto.
Facundo Jones Huala, líder de la RAM, fue condenado por la justicia chilena por delitos violentos.
Al cierre de esta nota la administración de Parques Nacionales tiene 13 desalojos activos en diferentes instancias judiciales. Los dos más conocidos son los del Parque Nacional Los Alerces y Parque Nacional Lanín. “Son golpistas del fuego; es una reacción de grupos marginales y delincuentes ante estas acciones de orden. Vimos muy tranquilamente a Jones Huala tirado en una silla hablando de hechos de sabotaje”, sostuvo Larsen.
Los antecedentes en el conflicto mapuche
En paralelo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de Claudio Avruj, presentó dos auditorías en conjunto con la SIGEN en donde denunciaron el desvío de recursos públicos por parte de organizaciones vinculadas a la RAM. En los documentos, a los que tuvo acceso este medio, se explica como la RAM utilizó fondos públicos para pagar los honorarios de los abogados que los defendían en las denuncias por usurpación de tierras.
Con todo ese contexto, la Casa Rosada se prepara para ir a la guerra con quienes considera "falsos mapuches", en lo que los estrategas de La Libertad Avanza creen que puede tener el impacto electoral que necesitan para reforzar los candidatos propio en el sur del país.
El juez federal Guido Otranto encargó el operativo en el Parque Nacional. La ministra Bullrich advirtió que el que usurpa "pierde su derecho a tener tierras"
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.