Política

El juez Ariel Lijo ordenó que los sitios de memoria deben permanecer abiertos y en funcionamiento

El magistrado respondió a una presentación realizada la semana pasada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien advirtió sobre la ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Un fallo del juez federal Ariel Lijo dispuso que los sitios de memoria deben permanecer abiertos y en funcionamiento y que, para ello, el Estado debe garantizar una dotación de “personal capacitado”.

Según informó la revista Quorum, la resolución es en respuesta a una presentación que la semana pasada realizó la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien advirtió sobre la ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Según la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la decisión del Gobierno nacional pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

En la ciudad de Buenos Aires hay cinco espacios de memoria que dependen del Gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.

En la resolución el magistrado dispuso también que se realicen tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria. Además, le requirió que fumiguen los espacios.

También recalcó que deben preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. “Que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”, señaló como punto destacado el juez Lijo, quien está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En la presentación, la legisladora había advertido que el Gobierno estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no sólo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

Según refiere, la situación actual en los sitios de memoria es alarmante. La reducción de personal afectó las áreas de investigación, la coordinación de las visitas que realizaban las escuelas o los que realizaban tareas de conservación.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.