En 2023, la Unesco declaró al Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad.
El juez Ariel Lijo ordenó que los sitios de memoria deben permanecer abiertos y en funcionamiento
El magistrado respondió a una presentación realizada la semana pasada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien advirtió sobre la ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Un fallo del juez federal Ariel Lijo dispuso que los sitios de memoria deben permanecer abiertos y en funcionamiento y que, para ello, el Estado debe garantizar una dotación de “personal capacitado”.
Según informó la revista Quorum, la resolución es en respuesta a una presentación que la semana pasada realizó la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien advirtió sobre la ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la decisión del Gobierno nacional pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.
En la ciudad de Buenos Aires hay cinco espacios de memoria que dependen del Gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
En la resolución el magistrado dispuso también que se realicen tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria. Además, le requirió que fumiguen los espacios.
También recalcó que deben preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. “Que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”, señaló como punto destacado el juez Lijo, quien está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En la presentación, la legisladora había advertido que el Gobierno estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no sólo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.
Según refiere, la situación actual en los sitios de memoria es alarmante. La reducción de personal afectó las áreas de investigación, la coordinación de las visitas que realizaban las escuelas o los que realizaban tareas de conservación.
El Ecunhi solicitó una partida de 82 millones para 2024 pero el gobierno no lo sostendrá por considerar que solo está orientado al adoctrinamiento juvenil en el modelo kirchnerista
El ex represor volvió a la escena pública luego de ser visitado por un grupo de diputados en la cárcel. Su larga y truculenta historia de violencia e identidades secretas
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el presidente Alfonsín, presentó su informe el 20 de septiembre de 1984. Documentó las atrocidades de la dictadura militar y, cuatro décadas después, su impacto sigue vigente
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
