El Ministerio de Bullrich denunció al sindicalista aeronáutico Pablo Biró por extorsión y amenazas
"Esto se va a poner mucho peor...”, había declarado el sindicalista, lo que fue tomado como una advertencia por el gobierno de Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó este miércoles una denuncia penal contra el secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, por la presunta comisión de delitos de acción pública.
La presentación hecha por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, ante el Juzgado Criminal y Correccional 12 a cargo de Elizabeth Paisán, secretaría 137 de Julio Herrera, surgió tras las declaraciones de Biró ante medios de prensa sobre su decisión de utilizar su posición dominante como Secretario General de APLA para perjudicar el transporte aéreo de pasajeros advirtiendo de “males futuros”, que profundizarían el perjuicio para la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y para el público en general.
El texto de la denuncia cita una declaración del gremialista donde dice: “Esto se va a poner mucho peor...”. Los dichos de Biró se realizaron en el marco del conflicto aeronaútico relacionado con la decisión del Gobierno Nacional de declarar el transporte aéreo como un "servicio esencial", imponiendo la obligatoriedad de mantener un "servicio mínimo" en actividades de importancia estratégica para el país.
El Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal.
La denuncia enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse de manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública.
La decisión de la cartera que conduce Bullrich busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos. Cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una "huelga salvaje" y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ratifica su compromiso de garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad pública, y pide a la justicia que tome las medidas correspondientes frente a la gravedad de las amenazas vertidas por el gremialista Pablo Biró.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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