En el medio de la disputa por la agenda política que se da en el Congreso monopolizada por el caso $LIBRA y Ficha Limpia, el oficialismo avanzará en Diputados con el tratamiento de la reforma del régimen penal juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El tema cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo. Es más, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia Mariano Cúneo Libarona fueron los encargados de presentar en sociedad un proyecto que propone establecer la edad de imputabilidad en 13 años.
Son muchos los proyectos que tienen estados parlamentario y abordan el tema. El consenso mayoritario se inclina por fija en 14 años la edad de responsabilidad penal.
En ese contexto, este martes desde las 16 un plenario de Comisiones se reunirá para intentar avanzar en un dictamen y dejar al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto a partir de la semana próxima.
La intención de avanzar con el dictamen agrupa voluntades del oficialismo, el PRO y los habituales bloques aliados. En ese marco, el dictamen que agruparía el mayor número de firmas contempla no sólo la baja de la edad imputabilidad de 16 a 14 años, sino que también establece un abordaje integral para los menores.
Del otro lado de la grieta parlamentaria se ubican, en este caso, buena parte del peronismo y los bloques que representan a los partidos de izquierda. Sin embargo, dentro de Unión por la Patria no parece haber unanimidad en rechazar la iniciativa.
El Frente Renovador, espacio que responde a Sergio Massa, siempre tuvo la seguridad como una de sus banderas en los debates políticos. Por eso, no sorprende que este caso aparezca diferenciado del kirchnerismo.
Las dudas sobre una nueva fisura en el bloque que conduce Germán Martínez tienen sus raíces en un proyecto que presentó el massista Ramiro Gutiérrez, que también fija en 14 años la edad de punibilidad.
Más allá de los matices, la intención de la mayoría de los diputados es avanzar con la reforma de un régimen que está vigente desde 1980. La necesidad de un cambio en el abordaje del tema y en el articulado es transversal a todos los bloques. Las diferencias surgen sobre la profundidad y el tenor del cambio.
La baja de la edad de imputabilidad y los tiempos electorales
El texto que se pondrá a consideración del plenario de Comisiones fue elaborado tras ocho sesiones informativas que comenzaron en agosto del año pasado.
Más allá de los aportes de los especialistas que expusieron ante las comisiones y de las diferentes realidades de las provincias que terminaron siendo clave para conseguir un consenso respecto a la edad de imputabilidad del nuevo texto y de la necesidad de construir penas que puedan ser compatibles con la adolescencia y la reinserción, el trasfondo de la discusión política electoral comienza a tallar de cara al futuro del tratamiento de la norma.
En ese marco, en los pasillos del Congreso, aseguran que el oficialismo buscará avanzar con el texto antes de las elecciones generales de octubre. Quienes suelen construir acuerdos en el Congreso explican que según los estudios de opinión pública, tanto cualitativos como cuantitativos, la inseguridad sigue en el top tres de preocupaciones de los Argentinos. Esos mismos muestreos señalan que una mayoría de la sociedad ve con buenos ojos la baja de la edad de imputabilidad.
Por eso, más allá de la posibilidad de cierta de que este martes se emita dictamen, el texto aún no tiene fecha para llegar al recinto. El cronograma electoral marcará la agenda informativa del mes de mayo. Por eso, desde la oposición sostienen que el texto llegará al recinto la primera semana de junio. Aunque, estiman, que un traspié electoral en CABA puede acelerar un poco los tiempos.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.