Sin una estrategia definida el Gobierno decidió avanzar con una nueva andana de proyecto en el Congreso de la Nación. El impulso de una reforma judicial, la ley “antimafias” y la ley hojarasca coincide con el fin de año parlamentario y con el tratamiento del presupuesto 2025.
El oficialismo parece querer abarrotar de iniciativas al Palacio Legislativo, como un suerte de catarata de proyectos que impiden la discusión en profundidad de cada uno de los temas, y al mismo tiempo alejan por momentos la mirada de la discusión por el presupuesto del año próximo.
Reforma judicial
En ese marco, desde el ministerio de Justicia impulsan una reforma laboral con cambios estructurales. La cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona presente ante el Congreso una serie de reformas que tienen como fin simplificar los trámites judiciales de procesos como el divorcio exprés, el retiro de fondos de depósitos judiciales mediante orden judicial, la publicación de edictos, digitalizar trámites, y darle mayor eficiencia al Archivo General del Poder Judicial de la Nación.
El ministro también habló de "despilfarro" de "cuantiosos recursos" sin la respectiva "rendición de cuentas", sin auditorías y "deficiencias de ejecución".
En este caso, según explicaron desde el bloque oficialista, el objetivo del texto que estuvo bajo supervisión del ministerio que Desregulación es aliviar la carga sobre el sistema judicial, promover la competencia y la libertad de los depósitos judiciales y establecer mecanismos más eficientes con respecto a la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en las causas penales. Más allá de la declamación de objetivos nobles, desde la oposición y los bloques dialoguistas por ahora no expresaron su acompañamiento. El oficialismo tendrá que juntar los votos.
Ley hojarasca
Unos días antes de la presentación de la reforma judicial, desde el ministerio que conduce Federico Sturzenegger había presentado la “ley hojarasca”. El texto presentado de sólo nueve artículos, pero en el primero propone la derogación de un total de 63 normas, además de dejar sin efecto distintos artículos de otras cinco.
En un comunicado difundido por la cartera que conduce Sturzenneger aseguraron que se trata de derogar “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”, trajeron “costos inútiles para los contribuyentes” y además “afectaron las libertades individuales”.
El texto está bajo revisión de los bloques, pero el oficialismo en este caso contaría con los votos para avanzar en general, más allá de lo que pueda suceder en la discusión en particular.
Ley antimafía
Por su parte, el Senado retomará su actividad con una norma que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja. Se trata de la denominada “Ley antimafia” que comenzará su trámite formal en el Senado este miércoles en un plenario de las Comisiones de Asuntos Penales y Seguridad Interior.
El texto que lleva la impronta de Patricia Bullrich busca abordar de manera integral los delitos cometidos por el crimen organizado. El texto que fue aprobado por amplia mayoría en Diputados con 137 votos a favor y 92 en contra hace 15 días, por ahora no tiene asegurados los votos en la Cámara alta.
De esta manera, el oficialismo se impone una agenda apretada de cara al fin de año parlamentario, que como cada periodo, tiene en el centro de la escena al presupuesto.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
