El oficialismo acelerá en el último tramo del año parlamentario.
Mientras avanza el debate por el presupuesto el Gobierno impulsa una serie de leyes con cambios estructurales.
Sin una estrategia definida el Gobierno decidió avanzar con una nueva andana de proyecto en el Congreso de la Nación. El impulso de una reforma judicial, la ley “antimafias” y la ley hojarasca coincide con el fin de año parlamentario y con el tratamiento del presupuesto 2025.
El oficialismo parece querer abarrotar de iniciativas al Palacio Legislativo, como un suerte de catarata de proyectos que impiden la discusión en profundidad de cada uno de los temas, y al mismo tiempo alejan por momentos la mirada de la discusión por el presupuesto del año próximo.
En ese marco, desde el ministerio de Justicia impulsan una reforma laboral con cambios estructurales. La cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona presente ante el Congreso una serie de reformas que tienen como fin simplificar los trámites judiciales de procesos como el divorcio exprés, el retiro de fondos de depósitos judiciales mediante orden judicial, la publicación de edictos, digitalizar trámites, y darle mayor eficiencia al Archivo General del Poder Judicial de la Nación.
En este caso, según explicaron desde el bloque oficialista, el objetivo del texto que estuvo bajo supervisión del ministerio que Desregulación es aliviar la carga sobre el sistema judicial, promover la competencia y la libertad de los depósitos judiciales y establecer mecanismos más eficientes con respecto a la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en las causas penales. Más allá de la declamación de objetivos nobles, desde la oposición y los bloques dialoguistas por ahora no expresaron su acompañamiento. El oficialismo tendrá que juntar los votos.
Unos días antes de la presentación de la reforma judicial, desde el ministerio que conduce Federico Sturzenegger había presentado la “ley hojarasca”. El texto presentado de sólo nueve artículos, pero en el primero propone la derogación de un total de 63 normas, además de dejar sin efecto distintos artículos de otras cinco.
En un comunicado difundido por la cartera que conduce Sturzenneger aseguraron que se trata de derogar “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”, trajeron “costos inútiles para los contribuyentes” y además “afectaron las libertades individuales”.
El texto está bajo revisión de los bloques, pero el oficialismo en este caso contaría con los votos para avanzar en general, más allá de lo que pueda suceder en la discusión en particular.
Por su parte, el Senado retomará su actividad con una norma que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja. Se trata de la denominada “Ley antimafia” que comenzará su trámite formal en el Senado este miércoles en un plenario de las Comisiones de Asuntos Penales y Seguridad Interior.
El texto que lleva la impronta de Patricia Bullrich busca abordar de manera integral los delitos cometidos por el crimen organizado. El texto que fue aprobado por amplia mayoría en Diputados con 137 votos a favor y 92 en contra hace 15 días, por ahora no tiene asegurados los votos en la Cámara alta.
De esta manera, el oficialismo se impone una agenda apretada de cara al fin de año parlamentario, que como cada periodo, tiene en el centro de la escena al presupuesto.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
