A partir de la semana que viene se inaugura un nuevo período de sesiones extraordinarias en el Congreso y el proyecto protagonista será, posiblemente, la reforma laboral. Mientras el Gobierno blinda apoyos para sancionar su iniciativa, el peronismo preparó una propia. Los puntos clave y la lucha por marcar agenda.
Patricia Bullrich reunió referentes de distintos bloques del Senado para sellar un panorama de lo que podría pasar dentro del recinto la segunda semana de febrero, cuando se prevé tratar el plan de modernización laboral libertario. Por problemas de logística, el PRO no participó. Sí estuvieron el correntino de la UCR Eduardo Vischi, Flavia Royón de Primero los Salteños, la santacruceña Natalia Gadano, el correntino de Provincias Unidas Carlos Espínola, y el misionero Carlos Arce del Frente Renovador.
“Tuvimos un diálogo muy abierto con los bloques con los que hemos reunido 44 voluntades (en diciembre). Tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno, pero el trabajo en equipo se está logrando, con grandes avances”, mencionó la presidenta de la bancada de La Libertad Avanza.
Se confía en que, para la votación general del proyecto, contará con esos mismos 44 votos dentro del Senado. A nivel particular, sin embargo, podría sufrir cambios que el oficialismo está dispuesto a brindar con tal de que avance la reforma. "Si es verdad que tendrá 44 votos, es terrible. Es triste. Igualmente no hay que creer todo lo que dice el Gobierno, suele exagerar los resultados", mencionó un legislador opositor.
La reforma laboral peronista: los puntos principales
En contraposición a esta propuesta e intentando recuperar la bandera de la lucha por los trabajadores, el ala peronista formuló a contrarreloj una iniciativa propia. La diputada de Unión por la Patria, Raquel "Kelly" Olmos presentó su propuesta que lleva la firma de al menos 20 personas más.
Kelly Olmos es la autora del proyecto de Modernización laboral del peronismo.
"El proyecto oficialista no moderniza, institucionaliza la precarización", disparó la exministra de Trabajo de la Nación. Si bien aún no da por "perdida" la batalla en el Senado, sí esperan poder dictaminar su proyecto en Diputados y reunir voluntades en el recinto. Si esto ocurre, vuelve a la Cámara de origen.
El primer punto de su proyecto apunta a crear un régimen de simplificación de acuerdos colectivos derivados. No será necesaria la homologación estatal para aquellos acuerdos colectivos que se celebren en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo o acuerdos macro ya homologados.
Luego, apunta a incrementar las licencias parentales. Para las personas gestantes, propone 30 días previos al parto y 90 días posteriores. Para las no gestantes, los 2 días actuales de paternidad pasan a ser 30 días corridos.
En cuanto a los despidos y sus respectivas indemnizaciones, plantea que el sector financiero intervenga a través del Banco Nación para garantizar el derecho de las y los trabajadores a recibir lo que les corresponde en una sola cuota ofreciéndoles a los empleadores un mecanismo de financiamiento genuino. El Banco Nación pasaría a ser un intermediario financiero; no baja el costo del despido, sino que lo “licúa” en el tiempo.
Aspira a conseguir una reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales, en vez de 48. Entre los argumentos, se señala: "La reducción de la jornada no solo beneficia la salud física y mental de las trabajadoras y los trabajadores, permitiendo una mejor dinámica familiar, sino que además incentiva la reorganización productiva empresarial y tiene el potencial de redistribuir el empleo existente".
Un punto clave busca crear un régimen estatutario de regulación del trabajo en plataformas digitales, donde la precarización laboral golpea fuerte. Prevé que sus empleados tengan todos los derechos y opciones de la relación laboral. Articula medidas para que se garantice su acceso a la salud y organización gremial. Y establecer que las plataformas digitales operen con transparencia algorítmica.
También plantea una reducción progresiva de lascontribuciones patronales para las micro, pequeñas y medianas empresa (MiPyME). Busca cambiar la naturaleza regresiva de las contribuciones patronales vigentes, que no distinguen entre los tamaños de las empresas y sus realidades productivas.
Además, propone crear Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevenciónde Riesgos institucionaliza el diálogo social.
La reforma laboral del Gobierno, por el contrario, apunta a darle más libertad y margen a las empresas al momento de contratar y despedir; esto incentivaría la contratación de empleados nuevos. Además, busca limitar la injerencia de organizaciones sindicales por considerarlas "extorsivas".
La Casa Rosada festejó la pelea del Presidente con el titular de Techint. Hay una intención de convertirlo en un eje del discurso en los próximos días.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
